Asus 74 años, se resiste a vestir el chaleco fosforito que identifica a los cuidadores de carros “autorizados”. Tras más de cuatro décadas dando altos e instrucciones a quienes estacionan en la calle Elizalde, centro de Guayaquil, Teófilo Andrade espera retirarse dentro de poco. Sus huesos comienzan a chirriar, como la tiza al contacto con la pizarra. “Uno nace, crece, se reproduce, se marchita y muere. En esas estoy”, resalta.

Con los primeros rayos de sol, se planta a pocos metros de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, donde coloca varios conos para controlar las seis plazas que conforman su feudo. Una práctica que, desde hace seis meses, la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) trata de erradicar con operativos constantes.

Después de haber ejercido como sindicalista y operario de mantenimiento, solo aspira a recabar un poco de plata para subsistir el resto de sus días. Sabe que no podrá costearse un resort de lujo con los 10 o 15 dólares que obtiene en cada jornada.

Aunque habla con la serenidad de quien ya ha visto suficiente como para medir sus palabras, prefiere no explayarse acerca de ese gran tabú que planea sobre su gremio: cómo se lleva a cabo el reparto de las calles. Pero deja claro que, bajo ese barniz de “cortesía” con el que trata a los usuarios, existe una ley no escrita: jamás apostarse en la zona de otro. “A mí nunca me han quitado el sitio. Los propios clientes me defienden. Soy honrado”, sostiene orgulloso.

Él, como otros 2.000 colegas aproximadamente, decidió inscribirse en el programa Vigilante Seguro de la Policía Nacional en la zona 8, iniciado en 2012. Pero Freddy Granda, jefe de Planificación de Tránsito en la ATM, aporta un importante matiz a EXPRESO: solo alrededor del “50 por ciento” ha dado el paso. Todavía hay otros tantos que operan sin supervisión de las autoridades, especialmente en el centro y el distrito Modelo (que incluye el sector de Urdesa).

La diferencia entre los informales adheridos al proyecto y aquellos que laboran sin rendir cuentas a nadie reside en las tarifas y en “el respeto” a los ciudadanos. Teófilo, por ejemplo, cobra “la voluntad”, jamás exige una cantidad concreta. “Si alguien viene un momentito, me da lo que crea. Si está una o dos horas, me suele entregar 50 centavos o un dólar. Y si estaciona toda la jornada, dos o tres. Pero yo no pongo el precio. Sin embargo, hay gente joven impertinente y no registrada que quiere cobrar lo que le apetece, que nos hace quedar mal al resto”, remarca molesto.

Su compañero José Narciso Púa, que desde hace tres décadas trabaja en la calle 10 de Agosto, al lado de una UPC, asevera que los cuidadores censados no huyen en caso de que se produzca algún contratiempo.

“Cuando desaparece una moto, no nos vamos. Ellos, sí. Y aunque lo hiciéramos, enseguida nos localizarían. Además, los que no están autorizados a veces son unos patanes. Colocan tiques y si no les pagan lo que quieren, se ponen fastidiosos. Yo me conformo con lo que me dan”, subraya contrariado y algo nervioso, mientras recoge las llaves de dos conductores que acaban de parquear en su área.

Los usuarios parecen aceptar un precio tácito, no estipulado, cuando estacionan en sus dominios. Porque las ganancias de este porteño tienden a ser las mismas que las de Andrade y el resto de vigilantes. Ahora, José Narciso trata de capear “la crisis” con ayuda de su hija, una economista que le apoya en una época en que el negocio “ha decaído”.

A Manuel Arregui Castillo, de 63 años, el cuerpo le pide un poco de sosiego. Él se asienta en la calle Juan Illingworth, donde echó raíces hace casi una década. Pero no puede renunciar. Aunque sus dos hijos se han independizado, tiene cinco nietos cuyos caprichos se resiste a negar.

Por eso continúa levantándose a las 04:30 para agarrar el colectivo, que le conduce al centro desde el Batallón del Suburbio. Y hasta pasadas las 17:30, regala una plácida sonrisa de revista a quienes confían en él: “Seguiré mientras Dios me lo permita. Si hay algún problema, reporto rapidito, no como quienes no están registrados. Por suerte, nunca he tenido ninguno. Espero continuar así”.

Voces

José Narciso Púa

Tres décadas laborando en la calle 10 de Agosto

“Antes sacaba más plata, unos 20 dólares al día. Había abogados e ingenieros, pero la mayoría se fue al norte de la ciudad y a Samborondón”.

Diego Carrillo

Coordinador de la Policía Comunitaria en la zona 8

“Nosotros les regulamos. Pero muchas veces, hay personas que dicen ‘esta es mi calle’. Ahí mediamos. Realmente existen estos problemas”.

Iniciativa oficial

1. Requisitos

Quienes desean unirse al programa deben tener “ganas” de colaborar con la Policía Nacional y no pueden contar con antecedentes, detalla Diego Carrillo, coordinador de la Policía Comunitaria en la zona 8.

2. Preparación

Las fuerzas de seguridad los capacitan para que sean sus “ojos” en caso de que acontezca cualquier incidente. Si se demuestra que alguno se extralimita o se reciben quejas de él, “se le separa automáticamente”.

3. Materiales

Los inscritos reciben chalecos y se les activa un número de seguridad en sus celulares, que los conecta a la UPC más cercana: “No descartamos que algunos puedan aprovecharse de esta condición para actuar de mala forma”.

El detalle

Argentina. En algunas calles de Buenos Aires, se implantó un sistema de cobro con una concesionaria para prescindir de los vigilantes. Poco después, comenzó una guerra entre estos por el dominio de las zonas libres de pago.

Las cifras

2.000 guardacarros figuran aproximadamente en la base de datos que elabora la Policía Nacional, dentro del programa Vigilante Seguro.

2.594 robos de bienes y accesorios de vehículos se registraron hasta el 20 de noviembre, un 24,3 % menos que en el mismo período de 2015.