“Alguien esta mintiendo”
Proceso. En cuatro días, la Comisión de Fiscalización debe entregar el informe sobre el caso que irá a conocimiento del pleno del Legislativo.
El juicio político se pone cuesta arriba. Los promotores del proceso en contra del fiscal Carlos Baca Mancheno todavía no pueden asegurar los 70 votos que necesitan para censurarlo. Y la Comisión de Fiscalización tiene, además, el reto de armar un informe que puede sostenerse ante el pleno del Legislativo.
Su problema es que en este caso, como reconoció el oficialista Daniel Mendoza, “alguien está mintiendo”. Y ellos tienen que decidir a quién creer.
La principal acusación contra el funcionario es haber difundido, sin judicializarlo previamente, un audio en el que reveló una supuesta conspiración en su contra entre el legislador José Serrano y el excontralor prófugo, Carlos Pólit. Esa historia tiene, sin embargo, tantas contradicciones que los ‘jueces políticos’ tienen un buen lío entre manos.
¿Violó el fiscal el procedimiento cuando hizo público el audio? Los acusadores están seguros que Baca no cumplió con los requisitos establecidos en el Código Integral Penal. Él asegura que no. El audio, según dice, era público desde las 08:24 del 26 de febrero cuando fue subido a la red Twitter. El tuit está en la cuenta de @delator007. Él lo difundió en rueda de prensa después de las 09:00.
Los legisladores insisten, sin embargo, y así se lo hicieron saber el miércoles que su obligación, antes de hacer un ‘show’, era llevar el caso a la justicia. Él asegura que no violó ni la reserva ni la confidencialidad de la llamada.
¿Presionó al sargento Danny Ibarra para que redacte un parte policial en que se alertaba del audio? La respuesta a esta pregunta es la parte más confusa y pone en duda la presunta participación de Serrano.
Ibarra hizo el parte, supuestamente, a las 08:45 del 26 de febrero. El 5 de marzo denunció que lo hizo bajo presión y que tuvo que cambiar las horas.
Él, según contó Baca, trabajaba en la Unidad de Análisis de la Fiscalía. Y, según la versión del fiscal, estuvo en contacto con Serrano y su gente de confianza los días previos a su ‘arrepentimiento’. El día 4, por ejemplo, Serrano pidió cita al secretario de Gestión de la Política y llegó acompañado por Ibarra quien, ese día, ya habló de las supuestas presiones. Al día siguiente fue a la Notaría Séptima de Quito e hizo la denuncia.
¿Quién pidió la cita con el notario? Baca asegura que fue la entonces jefe de despacho de Serrano. Ibarra hizo el trámite junto a Diego Fuentes, asesor de Serrano quien, además, habría ordenado apagar las cámaras de la notaría.
¿Esa declaración notarizada complica al fiscal? Él asegura que no, porque el mismo notario reconoció que “editó” el testimonio de Ibarra para evitar que se autoinculpe.
Para probar la relación Serrano-Ibarra el funcionario, como contó ayer EXPRESO, pidió las copias de las cámaras de seguridad de la Asamblea: desde las 17:48 del día 5 de marzo, pero los videos fueron borrados.
Por eso, Baca está seguro que “Serrano fue el que montó todo este lío del parte policial”. No dijo nada, sin embargo, de la supuesta reunión que habría mantenido con Ibarra el 5 y en la que también estuvo el teniente coronel Renato González. Tampoco explicó el supuesto cambio de horas en el parte.
Para Baca, el caso en la Asamblea es “débil” porque está construido alrededor de la publicación del audio y deja de lado la conspiración. Para un sector de los legisladores, es la evidencia del incumplimiento de funciones.
