Latacunga: Comerciantes piden respetar el derecho al trabajo
Hacen un llamado al diálogo y rechazan cualquier tipo de violencia en el marco de las movilizaciones
Los presidentes y representantes de las plazas, mercados y centros comerciales municipales del cantón Latacunga, en representación de comerciantes y usuarios de los espacios públicos administrados por el GAD Municipal, expresaron su profunda preocupación frente a los anuncios de un paro nacional en el Ecuador. En un pronunciamiento público, exhortaron a las organizaciones sociales convocantes a privilegiar el diálogo y evitar medidas que afecten al trabajo diario de miles de familias.
El colectivo de comerciantes reconoció el derecho a la resistencia, la protesta social y la libre expresión, garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, hicieron un llamado a que las acciones de movilización se orienten hacia un diálogo amplio, inclusivo y propositivo. “Es fundamental presentar propuestas claras que permitan encaminar soluciones efectivas a las problemáticas nacionales, en lugar de paralizaciones que impactan negativamente a la población trabajadora”, señalaron.
Derecho al trabajo y libre movilidad
Los representantes recordaron que el artículo 33 de la Constitución establece el trabajo como un derecho y deber social, así como base de la economía, mientras que el artículo 66 numeral 14 garantiza la libre circulación en el territorio nacional. En ese marco, solicitaron que durante las protestas se respete el derecho al trabajo, la libre movilidad de personas y mercancías, y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales.
“Muchos de nuestros comerciantes viven del sustento diario que genera su negocio. Las interrupciones afectan directamente la posibilidad de cubrir necesidades básicas”, advirtieron.
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El sector minorista y emprendedor asentado en plazas y mercados es uno de los más vulnerables ante paralizaciones, ya que su economía depende de la afluencia constante de clientes y del transporte de productos. Según los dirigentes, los bloqueos y cierres afectan la seguridad alimentaria, el abastecimiento, la estabilidad de precios y la economía familiar, contraviniendo el principio constitucional del Buen Vivir, que obliga al Estado y la sociedad a promover equidad y sostenibilidad.
Rechazo a la violencia
El pronunciamiento fue enfático en rechazar cualquier acto de violencia, vandalismo o terrorismo que ponga en riesgo la integridad de edificios, plazas, mercados o de los propios comerciantes. Recordaron que estas acciones, además de constituir delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, vulneran derechos colectivos y generan graves perjuicios económicos y sociales.
Invitaron a que toda manifestación se desarrolle de manera pacífica, respetando la integridad de las personas y la infraestructura pública y privada, en concordancia con el artículo 98 de la Constitución, que establece que el derecho a la resistencia debe ejercerse sin perjuicio de los derechos de los demás.
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