Escoba nueva barre bien. En enero de 2013, el Consejo de la Judicatura (CJ) asumió funciones con una administración que se mostraba extremadamente impecable. Casi cuatro años después, sus edificaciones no solo lucen desmejoradas (algunas de ellas por efecto del terremoto), sino descuidadas y hasta ‘marchitas’.

Un ejemplo de ello es el centro judicial más grande del país: la Florida Norte de Guayaquil, que comprende 11 torres revestidas con paredes de vidrio y donde a diario confluyen cientos de personas en busca de justicia.

A su ingreso, un mercadillo donde se oferta desde maduro asado hasta ‘ayuda para algún trámite’ recibe a los usuarios. A un costado de la fachada, un jardín reseco da cuenta de que ‘la escoba’ ya está gastada.

“Inicialmente, cuando fue inaugurado el complejo judicial empezó excelente. Había entre cuatro y cinco personas destinadas para cada bloque, por lo tanto se veía y percibía la limpieza; había incluso lo que eran útiles de higiene. En la actualidad, eso brilla por la ausencia”, comenta el abogado Stalin Nonura.

La situación empeoró, recuerda el profesional, hace pocos meses tras el robo de grifería que sufrieran ocho de las once torres. Los baños estuvieron cerrados en casi todas las unidades, lo que generó el colapso de los habilitados y malos olores.

“Últimamente, funcionan los baños, pero no como al principio. Si alguien tiene una necesidad biológica tiene que cargar (papel higiénico). Y si hablamos del ornato, las áreas verdes se ven descuidadas. Es notorio, evidente”, añade Nonura.

Fuentes de la unidad judicial cuentan que el personal de limpieza contratado por la Judicatura se encarga únicamente de sacar la basura y de la limpieza de los baños y lugares comunes. Ante eso, algunos se vieron en la necesidad de pagar para que limpien sus espacios.

Julio Aguayo, director provincial de la Judicatura del Guayas, explica que dos empresas pertenecientes a la Economía Social Solidaria (Asoselior y Adonai) son las encargadas de la limpieza en los centros judiciales de la provincia.

Son un total de 30 personas, que realizan esa labor en 18.936 metros cuadrados.

Ambas fueron contratadas en junio de 2016 y su gestión finiquita en febrero de 2017, cuando se verá si se necesita o no incrementar ese personal.

Según Aguayo, los contratos no señalan zonas excluyentes de aseo. “Lo que sucede es que hay áreas donde se necesita priorizar la limpieza, como son áreas comunes con relación a las de funcionarios, donde el ritmo es menos fuerte”, explica. Si algún servidor no está recibiendo el servicio -recomienda-, hágalo conocer para tomar los correctivos.

En relación al tema de la jardinería, Aguayo aclara que nunca han tenido empleados para esa labor. Antes, ese trabajo lo realizaba personal de servicios generales, pero por causa del terremoto dejaron esa tarea para enfocarse en otras fundamentales para el servicio de justicia.