El 20 de enero de 2017, Donald Trump jurará como 45º presidente de Estados Unidos, porque según la sección I del artículo II de la Constitución de EE. UU., Trump no puede ser presidente sin antes prestar un juramento en el que se comprometerá públicamente a defender la Constitución y a desempeñar su función con el mayor esmero. Dada la conducta de Trump durante la campaña, este juramento es particularmente. Hasta ahora, no hizo ningún esfuerzo para comportarse en forma honesta o confiable, y técnicamente no estaba obligado pues EE. UU. no obliga a jurar veracidad a hombres y mujeres que compiten por la presidencia, ni tiene códigos de conducta exigibles o límites al tipo de retórica que pueden usar. Esto se basa en el supuesto de que podemos confiar en el juicio de los candidatos. Alguien que busca ocupar el cargo más alto del país debería saber cómo equilibrar el imperativo político de conseguir votos con un sentido de responsabilidad respecto de la factibilidad y racionalidad de sus promesas de campaña. En general, la experiencia confirmó el supuesto. EE. UU. ha tenido la buena fortuna de que sus aspirantes a la presidencia adhirieran a las normas aceptadas, mas con Trump la fortuna se transformó en bancarrota. Durante las campañas dijo una mentira tras otra. Además, muchas de sus promesas de campaña (levantar un muro en la frontera sur a costa del erario mexicano, recuperar empleos fabriles perdidos, deportar a millones de inmigrantes ilegales) son claramente inviables. Pero es evidente que estas conductas problemáticas no han perjudicado su carrera política ya que logró que buena parte del electorado le perdonara su ignorancia y sus desmentidas flagrantes. Una de las mayores enseñanzas del año que pasó es que hasta la elección más trascendental se puede ganar con mentiras escandalosas y promesas vacías. O perder, siguiendo normas de decencia elementales (que los hechos se pueden manipular pero no inventar, y que las promesas, aunque sean vagas, tienen que ser creíbles). Hay que garantizar entonces que todos adhieran a un código básico de conducta. Un modo sencillo de hacerlo sería exigir que a partir de 2020, todos los candidatos presidenciales presten juramento de ser sinceros, responsables y transparentes en su retórica y su conducta durante la campaña. Dado el valor conferido en EE. UU. a los juramentos, es razonable suponer que jurar sinceridad antes de iniciar una campaña para un cargo público tendrá algún efecto sobre los candidatos. La opinión pública y los medios podrían usar el juramento como herramienta para evaluar a los aspirantes al gobierno (y pedirles cuentas). Y daría una ventaja competitiva a los candidatos cuyos oponentes se nieguen a dar el juramento. La implementación no sería difícil y no demandaría una reforma constitucional. Bastaría la presión política y de los mercados: que prensa, TV y redes sociales no publiquen anuncios de campaña de los candidatos que no hayan jurado. Por el bien de la democracia, debemos tomar medidas para fijar normas básicas de decencia y transparencia en las campañas electorales trascendentales. Podemos comenzar exigiendo un juramento de sinceridad a todos los futuros candidatos presidenciales.

Project Syndicate