Hace pocos días, el pasado 28 de marzo, con la presencia de Mireya Cárdenas, parlamentaria andina electa y Fidel Jaramillo, Director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, cerca del mediodía, tuvo lugar en el parque Julio Andrade de Quito, un acto simbólico importante, digno, serio, doloroso: la escueta puesta en escena de un breve juicio simbólico contra los autores de agentes de la Policía que 31 años atrás ejecutaron con saña y alevosía a la joven Gladys Jeaneth Almeida Montaluisa, integrante de AVC (movimiento de jóvenes revolucionarios de izquierda, estudiantes universitarios en su mayoría), en una casa de seguridad ubicada en Cotocollao, norte de Quito, donde se encontraba escondida junto con su compañero Marco Darío Troya, quien fue capturado. En la representación dramática del suceso, Gladys Montaluisa, madre de la asesinada Gladys Almeida, actuó como la fiscal formulando la acusación contra los agentes de la policía, presuntos autores del asesinato de su hija, que según el parte policial levantado el 26 de marzo de 1986, fue encontrada sin vida con 11 impactos de proyectiles que ingresaron por la barbilla, tórax, abdomen, pierna izquierda y brazo derecho. Pero lo peor aún fue que al acudir Gladys Montaluisa a la morgue para retirar el cadáver y darle sepultura, los agentes de policía pretendían que ella admitiera que el cadáver no era el de su hija, sino de otra mujer quien participó en el secuestro de Nahím Isaías por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de sucres. Es decir, como si mucho antes que en la Colombia de Uribe, pretendieran replicar el caso de los “falsos positivos” para aprovecharse de las recompensas.
No deja de llamar la atención, sin embargo, que habiendo sido investigado este caso como uno más de los rastreados por la Comisión de la Verdad en el año 2008, todavía la Fiscalía se encuentre en la etapa de indagar los hechos para judicializarlos.
Pero este tipo de crímenes atroces cometido por razones políticas, “crímenes de Estado”, son imprescriptibles conforme las normas penales internacionales y la posibilidad del castigo de los responsables deberá pender sobre ellos como la espada de Damocles. Una tardía justicia siempre será preferible a una despectiva total impunidad.
