Un arranque más movido de lo esperado. Las comparecencias por el juicio político al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, iniciaron ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (AN) en medio de incidentes que requirieron la intervención de la fuerza pública.

Ni bien inició la sesión, apareció un invitado inesperado que se presentó como Richard González, abogado del defensor del Pueblo. Aseguró que si Carrión no estaba presente en este arranque de comparecencias, se le estaba negando el derecho a la legítima defensa.

“Solicitamos que previo a que se inicie este proceso se pueda trasladar al procesado (que permanece en la cárcel 4 desde el 17 de mayo) a esta sala para que ejerza el derecho a la defensa”, señaló el jurista.

El pedido no tuvo eco y la sesión continuó con la aclaración de que Freddy Carrión ha sido convocado para el 3 de septiembre próximo y que tendrá tres horas para defenderse. El interpelante Ricardo Vanegas, de Pachakutik, aclaró que se trataba de un proceso político y que no se tocaría el tema legal en el que la Fiscalía investiga un supuesto delito sexual.

La explicación no dejó satisfechos a González ni a Priscila Schettini, esposa de Carrión, que también llegó al salón de exsenado de la Asamblea. Los dos, junto a una abogada más, se dedicaron a cuestionar a los asambleístas interpelantes, al presidente de la comisión (Fernando Villavicencio) y a los policías convocados a dar su versión.

El momento más tenso se produjo cuando Villavicencio emplazó a la Escolta Legislativa a desalojar de la sala a estas tres personas, a las que acusó de querer generar un escándalo, ganar algún titular de prensa y buscar dejar a la Asamblea y a la Comisión de Fiscalización como instancias que no respetan el debido proceso.

Todo esto se desarrollaba mientras los uniformados daban su versión del operativo que se desarrolló entre el 15 y 16 de mayo, en pleno toque de queda, cuando Carrión y el exministro de Salud Mauro Falconí estuvieron en una reunión social que terminó en agresiones físicas y en un posible delito sexual.

Los policías coincidieron en que la primera versión que obtuvieron en el departamento donde se desarrollaba la fiesta es que fueron atacados por terceras personas. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad los gendarmes no pudieron ver a los intrusos, sino una gresca protagonizada por Carrión y Falconí.

Al ser consultado por Vanegas sobre el uso de recursos públicos por parte de Carrión en pleno estado de excepción, el oficial Fernando Ramos dijo que no le consta que el defensor haya estado usando un vehículo de la entidad que dirige, pero sí se encontraba acompañado con su seguridad inmediata.

Por su parte, cuestionado por la asambleísta Yeseña Guamaní (de la Izquierda Democrática), que también actúa como interpelante, el policía Franklin Cabrera reconoció que Falconí llamó al entonces ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, para pedirle ayuda, ya que había sufrido un atentado, y le habría dicho que recuerde el viaje a Dubái.

Al respecto, el exfuncionario le dijo a EXPRESO que no conoce ese país y que jamás ha viajado con el exministro de Salud. Martínez ratificó lo que ya le dijo a la Fiscalía en mayo pasado, en el sentido de que las autoridades actuaron en función del procedimiento establecido.

En la tarde, las revelaciones continuaron. Daniel Padilla, perito de Criminalística que se encargó de levantar todas las pruebas forenses en el departamento de Falconí, detalló que se recopilaron 21 indicios de tipo biológico, otros electrónicos y hasta papel moneda en varias denominaciones. “Eran 47 mil dólares en billetes de 20 y 10 en diferentes puntos del departamento, en una maleta y una caja fuerte”, declaró.

Mientras se desarrollaba el primer días de comparecencias, a la comisión llegó una notificación del exministro Falconí en la que informaba que no acudirá el lunes 30 de agosto ante esta mesa legislativa. Esto, porque es testigo protegido dentro de la investigación por el supuesto delito sexual por el que la Fiscalía investiga a Carrión.

Testimonios

Para el lunes, la comisión espera la comparecencia del director del ECU-911, Juan Zapata, entre otros funcionarios y exfuncionarios.

Investigación

Para la semana entrante también ha sido llamada la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Conclusión

El 3 de septiembre, además de Carrión deben intervenir los dos asambleístas que lideran la interpelación.