Hay un fondo político. La Asociación de Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) cree que la suspensión de actividades del transporte público tuvo un objetivo oscuro: desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno.

Según los representantes de los jubilados, ningún gremio tuvo tantos beneficios como el de la transportación durante el gobierno de Rafael Correa. Por eso creen que ahora se “devuelve el favor”.

“Los gremios del transporte público han levantado en este país todo un emporio económico, han controlado por décadas un negocio cautivo sobre la base de prebendas económicas, combustibles subsidios y sin afiliar a los choferes al seguro social obligatorio, violando las disposiciones de la Ley de Seguridad Social, que sanciona con reclusión y multas a quienes evaden el mandato de la ley”, destacó el representante de la Asociación, Henry Llanes.

Incluso dan cifras. En el período 2007-2014, “el gobierno de Correa importó 342 millones de barriles de combustibles por un monto de 36.352 millones de dólares, cifra que significó aproximadamente cuatro veces el Presupuesto General del Estado del año 2006, que en ese entonces fue de 8.564 millones de dólares”.

Agregan que “estas enormes cifras constituyeron un fuerte desangre a la economía del país por la salida de divisas, las cuales afectaron negativamente la balanza comercial y de pagos de la economía petrolera y nacional, así como el financiamiento del Presupuesto, debido a los enormes montos que se destinaron a la compra de estos productos en el mercado internacional, los mismos que, en el mercado nacional se los vendió a precios subsidiados”.

Los jubilados destacan que tampoco defienden al gobierno de Lenín Moreno pero reconocen un manejo político de la situación actual. Ellos mantienen sus demandas y reclamos a la administración actual.

Los transportistas, de su parte, insisten en que su medida no fue política e incluso aseguran que para evitar eso se levantó la suspensión del servicio.