Jorge Glas sigue manifestando quebrantos en su salud. Alrededor de las 11:30 del miércoles 28 de noviembre, se conoció que el exvicepresidente sería trasladado nuevamente al hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, en Quito.

La Secretaría de Justicia informó que un médico evaluaría a Glas en la cárcel de Latacunga y que la decisión de su trasladarlo dependería de los resultados. Sin embargo, horas más tarde, Cinthia Díaz, esposa de Glas, anunció que el exmandatario decidió no ser trasladado y que como alternativa los médicos le suministraron suero intravenoso.

Según explicó Díaz, Glas pide exámenes médicos completos y no de un solo día, además solicita regresar a la cárcel 4 de Quito.

La Defensoría pidió una evaluación

La Defensoría del Pueblo de Ecuador exhortó este 28 de noviembre al Gobierno a evaluar la situación del exvicepresidente, encarcelado desde octubre de 2017 por el caso Odebrecht y cuyo estado de salud ha empeorado en los últimos días.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la institución solicitó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ecuatoriano que resuelva el traslado de Glas, “para que reciba atención médica, precautelar su integridad y que cumpla su prisión preventiva en otro Centro de Rehabilitación Social (CRS)”.

Según la Defensoría, en las últimas horas, el estado de salud de Glas se ha agravado, por lo que se han reunido las autoridades para evaluar los pasos a seguir y emitir una petición para que lleve a cabo una “evaluación con la que se puedan tomar las medidas oportunas”.

En protesta por la decisión, el exvicepresidente inició una huelga de hambre el pasado 22 de octubre, que le ha acarreado problemas de salud y traslados a centros hospitalarios para su recuperación.

Elegido el año pasado, Glas fue condenado, en primera instancia, en diciembre pasado por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia a seis años de prisión por asociación ilícita en relación a la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Fue acusado de haberse beneficiado de $ 13,5 millones en sobornos supuestamente pagados por la firma para la adjudicación de contratos de obra cuando fue responsable del ramo.