Inversion externa y seguridad

Tradicionalmente, el Ecuador y la inversión externa no se llevan bien. Son contados los casos de empresas extranjeras que hayan perdurado en el tiempo, y es difícil citar inversiones de tipo financiero, o préstamos, que no hayan caído en problemas de cesación de pagos, o recortes en los valores de las acreencias.

Es igualmente evidente que Ecuador necesita de la inversión externa por multitud de razones. No solo se trata de un tema de capitales, sino de transferencia de tecnologías, “know-how”, mejores prácticas, “marketing”, y eficiencia. El Gobierno tiene en carpeta inversiones del orden de los $40.000 millones en diferentes proyectos y, al margen de la bondad o conveniencia de muchos de estos, se requiere del concurso de capitales externos para poder materializar las visiones de crecimiento. Hace poco las autoridades mineras anunciaban, por ejemplo, que sus metas de inversión cifran aproximadamente $7.000 millones para el próximo quinquenio.

Son cifras ambiciosas a no dudarlo.

En materia de inversiones, la seguridad jurídica es primordial. Y es ahí donde fallan todos los esfuerzos. La Asamblea Nacional, por ejemplo, se apresta a denunciar y abrogar unilateralmente los tratados bilaterales de protección a las inversiones con los principales socios comerciales, buscando, se presume, que sean las cortes locales las que diriman las diferencias.

La bochornosa experiencia vivida con Chevron viene de inmediato a la mente, y crea dudas respecto de cualquier arbitraje o juzgamiento que sea presidido por la justicia local. El hecho de tener litigios vigentes que introducen contingentes que superan los $10.000 millones es también un tema que cualquier evaluador de riesgo analiza antes de tomar una decisión referente a inversiones. El EMBI ecuatoriano es casi cuatro veces mayor que el de los vecinos inmediatos, que han logrado complementar sus cuentas externas con recursos que se originan en todas las regiones del planeta.

Es por ello que la señal que da la Asamblea, de abrigarse en la consabida bandera de la soberanía, debe ser “tomada con un grano de sal” pues bien puede ir contracorriente con la necesidad que el país tiene de complementar su ahorro con los capitales y conocimientos del resto del mundo.