La comisión de los rabos de paja

Parece una parodia. Una caricatura de sí misma a cargo de la Asamblea más desprestigiada de la historia. Ahora resulta que, para investigar la conducta de un asambleísta a quien un audio filtrado involucra en actos de corrupción, se ha nombrado una comisión ocasional presidida por otro asambleísta a quien un audio filtrado implicó, en su momento, en actos no solo de corrupción sino de conspiración contra la institucionalidad del Estado. Maravilloso sentido de la simetría: José Serrano, el hombre que complotó con el prófugo de la justicia Carlos Pólit para bajarse al fiscal general de la nación (“compadre lindo”, le decía), será el encargado de juzgar a Eliseo Azuero, buscado por la Fiscalía y cuyo paradero se ignora. Él, Serrano, que no fue expulsado de la Asamblea nomás porque todo el mundo le tiene miedo.

No para ahí la cosa. El segundo integrante de esta comisión de tres miembros es, si cabe, aún más sorprendente. Ya que la prueba maestra contra Azuero es la grabación de un diálogo telefónico con Daniel Mendoza, en el transcurso del cual ambos implican a otros asambleístas en una trama de corrupción con entrega de dinero y tráfico de influencias, ¿qué mejor para integrar la comisión investigadora que uno de los personajes implicados? Su nombre: Franco Romero, independiente. Tres veces lo menciona Azuero en su conversación con Mendoza, siempre en relación con la entrega de dinero.

La comisión se completa con Liliana Durán, de quien no existen, cosa rara, motivos de sospecha. Cómo estarán de mal las cosas en la Asamblea que la integrante más confiable de la comisión resulta ser la correísta. Así quedó integrada sin debate. Era tarde y los 130 asambleístas presentes en la sala virtual del Zoom (casi la mitad de los cuales, no está de más recordarlo siempre, tiene cuentas pendientes con la justicia) se encontraban probablemente cansados. Y que conste que la legislatura de Gabriela Rivadeneira parecía impeorable. Pues no. 

¿Dónde se perdió Viviana Bonilla?

Eliseo Azuero, requerido por la Fiscalía para que explique su participación en el esquema de corrupción montado alrededor de las obras del (inexistente) hospital de Pedernales, no es el único asambleísta desaparecido del mapa. La correísta Viviana Bonilla, exgobernadora del Guayas y excandidata a alcaldesa de Guayaquil, integrante de la estructura criminal presidida por Rafael Correa, según se determinó en el juicio, y sentenciada en dos instancias a cumplir ocho años de prisión por cohecho, no ha dado señales de vida desde hace dos semanas. Demasiado tiempo para una persona obligada a presentarse ante un juez cada semana, los lunes o los jueves. El lunes 13 de agosto faltó a la cita y, desde entonces, no aparece.

Que las presentaciones han estado suspendidas por la emergencia sanitaria, mintió su abogado cuando Teleamazonas le llamó para preguntarle dónde andaba su defendida. ¿Fugó? ¿Tomarán en cuenta los jueces esta conducta (así como la de María Duarte, refugiada en la embajada de Argentina) la próxima vez que deban elegir entre conceder medidas cautelares o enviar a prisión preventiva a un exfuncionario correísta?

Con Bonilla desapareció también su amigüi Christian Viteri. ¿Coincidencia? Viteri dirigió la campaña de Bonilla para la alcaldía de Guayaquil. Entre otras cosas, ella lo designó (así dijo en el juicio) para tratar los temas relacionados con “recursos”. O sea con dinero, palabra que la señora no pronuncia. Y resulta que el dinero de la campaña es la madre del cordero de este caso. Ella dijo que no podía saber si venía del Vaticano o de las madres católicas. Chistosa: en verdad venía de lugares mucho menos santos.

Como “un gestor y un creador de empresas” se definió Viteri ante los jueces. Empresas como arroz, efectivamente, creadas en el estudio jurídico que llevaba su nombre y del que era socio Gustavo Mora, esposo de Bonilla. Empresas que no tenían otra finalidad que la de existir y mover dinero. Sabía muy bien Bonilla a quién encargaba las cosas. Y sabe perfectamente con quién desaparecer cuando llega la ocasión.