El pasado 25 de noviembre, la gerencia general de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador (FEEP) adjudicó un contrato por $ 640.000 a la compañía Unión Cementera Nacional (UCEM) para la adquisición de 8.000 durmientes de hormigón.

Se trata de una de las compras que la entidad hará en este año por un total de $ 964.987, para el recambio de durmientes en mal estado. La empresa estatal requiere $ 14’427.000 para intervenir y reemplazar tirantes en 263,10 kilómetros de vía férrea, en un plazo de cuatro años.

Al menos, así lo propone un proyecto de inversión por el mencionado monto que FEEP puso en marcha el año pasado, y que contempla la compra de un total de 175.000 durmientes de madera y de hormigón (ver infografía). 

El programa, que fue aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), hoy Planifica Ecuador, debía ser financiado con recursos del Estado desde 2018. Pero los aprietos económicos en la caja fiscal han impedido que el dinero llegue de acuerdo con lo presupuestado.

El aval emitido por el Ministerio de Finanzas a Ferrocarriles del Ecuador ($ 964.987) en 2019 representa apenas el 15,02 % de los $ 6’423.000 que esperaba la compañía ferroviaria en este año. 

Sin los recursos esperados para la compra de durmientes, la empresa pública no pudo reabrir los tramos San Antonio-Bucay y Bucay-Huigra, ni efectuar el reforzamiento del tramo Ambato-Riobamba (en total, 130,58 kilómetros) como estaba en su previsión anual. Según informó FEEP a EXPRESO, hay 79,7 kilómetros no operativos de la red que necesitan intervención urgente.

La entidad depende del soporte económico estatal, pues sus otros ingresos, provenientes de la autogestión y venta de servicios turísticos, son insuficientes para su vida operativa.

Ferrocarriles del Ecuador es una de las empresas públicas del gobierno central que registran pérdidas recurrentes en sus estados financieros. La última auditoría efectuada por la Contraloría General del Estado evidenció saldos en rojo en dos ejercicios a anuales consecutivos: de $ 12’758.357,79 en 2016 y de $ 11’408.807 en 2017.

“Las gerentes generales no implementaron estrategias que permitan optimizar los recursos de manera eficaz y eficiente a fin de mejorar los resultados financieros y económicos de la misma, lo que ocasionó que no se cuente con los ingresos suficientes para cubrir sus operaciones”, indica una de las conclusiones de la auditoría. 

El año pasado la compañía estatal reportó ingresos por $ 16’191,282 frente a los gastos por $ 18’359.200, de acuerdo con la información publicada en su página web oficial.

Sin capacidad de autosustento y sin la certidumbre de que el Estado cumpla con la asignación puntual de recursos para el reemplazo de durmientes, el proyecto para recuperar la operatividad del sistema ferroviario se torna incierto. 

“Las solicitudes han sido planteadas en los organismos competentes. Estamos en espera de recibir las asignaciones de acuerdo con el proyecto indicado, que tiene una proyección hasta el 2021”, dice la empresa.