El informe Gabela a la Fiscalia

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El informe Gabela a la Fiscalia

El capítulo político del caso llegó a su fin. El Pleno de la Asamblea aprobó el informe de la comisión, que califica el asesinato como un crimen de Estado.

Lágrimas. Patricia Ochoa mantuvo como pudo la serenidad durante su intervención ante la Asamblea. Pero a la salida del Pleno, se quebró.

Solo la mitad de los legisladores se puso de pie para aplaudir a Patricia Ochoa, la viuda del asesinado general Jorge Gabela que fue recibida ayer en comisión general por la Asamblea. Los que se quedaron sentados (o se pararon pero no aplaudieron) eran correístas y oficialistas, unidos una vez más, esta vez en el desplante. Ayer el Pleno conoció el informe de la Comisión constituida para investigar el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, cuyas conclusiones hablan de “crimen de Estado” y echan abajo la trama urdida, sobre la base de documentos forjados, por el gobierno de Rafael Correa. Con 75 votos a favor y las predecibles abstenciones correístas (17 en total), el documento fue aprobado y remitido a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero para que continúen las investigaciones.

Para Patricia Ochoa la oportunidad de hablar ante el Pleno, con un informe que le da la razón al cabo de ocho años, fue una suerte de reparación histórica. Esta misma Asamblea, durante dos legislaturas anteriores, enterró dos procesos de investigación sobre la compra de helicópteros Dhruv, por oponerse a la cual Gabela fue asesinado en lo que aparenta ser, según todos los indicios, una conspiración de altos mandos militares. Ahora, luego de que el informe final de la comisión parlamentaria confirmara sus denuncias, Ochoa se sintió libre de pararse ante los asambleístas y decirles con serenidad: “Ocho años he esperado que me miren a la cara y me digan la verdad”. Y, dirigiéndose a las autoridades del anterior gobierno que hicieron desaparecer el peritaje que establecía los nombres de los autores intelectuales del crimen: “No sé cómo pueden vivir con tanta sangre en las manos”.

Diez minutos duró su discurso, que no llevó escrito, al término de los cuales, por segunda ocasión, la mitad de los asambleístas se puso de pie para aplaudirla. La escena aún habría de repetirse una tercera vez cuando César Litardo, el presidente de la Comisión, tomó la palabra para abrir la ronda de discursos. En lo que pareció ser una deliberada provocación a sus pares empezó pidiendo que todos se pusieran de pie para aplaudir a la viuda “en homenaje a su lucha en busca de la verdad y la justicia”. Esta vez los suyos, es decir, los oficialistas, se sumaron tímidamente a los aplausos.

Todos los miembros de la Comisión hablaron a su turno, resumiendo las partes principales del informe e insistiendo, sobre todo, en aquello del crimen de Estado. Litardo hizo correr un vídeo en el que aparecía el perito Roberto Meza confirmando el encubrimiento por parte de las más altas autoridades del Estado. Solo Marcela Aguiñaga, única integrante correísta de la comisión, explicó su descontento, calificó el informe de “incoherente y poco profesional”, dijo que le faltaba motivación y acusó a la Asamblea de intromisión en la justicia.

Habló también Gabriela Rivadeneira en defensa de Correa, pero su relación con la gramática es tan precaria que no hubo manera de entenderla: “Si es que hubiere o si es que hubo algo que ocultar -dijo- cómo es que se toma la decisión política de abrir este caso para el análisis, la investigación y la seriedad que esto respondía no solamente al sistema judicial sino como respuesta a la patria”. Tal cual.

Los miembros de la comisión parlamentaria quedaron encargados de realizar un seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe en los órganos judiciales y de control. Concluyó así el capítulo político de esta historia. Falta mucho para que se haga justicia.

Tendrá nueva Universidad

El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de 100 legisladores presentes, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley para la creación de la Universidad del Río, que tendrá su sede en la ciudad de Guayaquil.

La nueva universidad reemplazará al actual campus de la Universidad Santa María sede Guayaquil, que funciona con convenio de la U. Federico Santa María de Chile y la U. Laica Eloy Alfaro de Manta.