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El informe que demoro 8 anos

La comisión para el caso Gabela concluyó su trabajo. El documento final establece indicios de responsabilidad que servirán como insumo para Fiscalía.

Conclusión. César Litardo, presidente de la Comisión, observa el abrazo entre Elizabeth Cabezas y Patricia Ochoa, la viuda del general Jorge Gabela.

“En nueve meses hemos logrado lo que la Asamblea no hizo en ocho años”. Casi todos los integrantes de la comisión parlamentaria constituida para investigar el asesinato del general Jorge Gabela repitieron estas palabras. La misma Patricia Ochoa, viuda del general, las pronunció también, con voz temblorosa por la emoción, al borde de las lágrimas. Eran las dos y media de la madrugada del viernes y el informe final de la comisión acababa de ser aprobado con el voto favorable de seis de sus siete integrantes y la predecible desaprobación de la séptima, Marcela Aguiñaga, quien no consiguió evitar que las palabras “crimen de Estado” figuraran (dos veces a falta de una) en las conclusiones. Ella se abstuvo y presentó un informe de minoría.

Por fin el texto fue del agrado de todos, luego de que se repusiera el nombre de José Serrano, que se había caído de sus páginas. Que fue un “involuntario error de tipeo” había dicho el presidente de la comisión, el oficialista César Litardo. Ahora Marcela Aguiñaga encontró otro: Johana Pesántez, ministra de Justicia cuando Rafael Correa constituyó, por decreto presidencial, el Comité Interinstitucional que encubrió a los autores intelectuales del asesinato. Y así fueron surgiendo nombres que, caprichos del mecanógrafo, no constaban en la ya conocida lista de los funcionarios implicados. César Rohon pidió incluir a Wilson Mayorga, el delegado del Ministerio de Justicia en el Comité de marras. Patricia Ochoa, que no ha olvidado el calvario que vivió y por culpa de quiénes, mencionó a Miguel Carvajal, el subsecretario y sucesor de Javier Ponce, el ministro de Defensa que firmó el contrato de los Dhruv.

Antes de la lectura del informe final, que concluyó a las 12 en punto de la noche, a la comisión le quedaba por quemar aún un último cartucho. Uno que resultó mojado. Ocurre que, en la sesión anterior, Litardo había presentado una carpeta de documentos que llegó a última hora, según los cuales un ciudadano de nombre Javier Molina, agente de la Senain y asesor de Mossack Fonseca (la firma de los Panama Papers), había ayudado a constituir la empresa Sumil (la vendedora de los Dhruv) en el estado de Nevada. Molina pidió ser recibido y no necesitó más de cuarto de hora para desvirtuarlo todo con convincentes documentos: ni fue agente de la Senain (solamente lo habían contratado por una única vez para hacer una consultoría), ni ayudó a constituir Sumil ni trabajaba para Mossack Fonseca cuando estalló todo este lío.

Si en la sesión anterior los miembros de la comisión se habían apresurado a incluir el nombre de Molina en el informe, como una de las pistas que la justicia tendría que seguir para esclarecer el caso, ahora todos estuvieron de acuerdo en quitarlo. Era una pista falsa, un globo de ensayo, una cortina de humo. ¿Levantada por quién? Nadie se atreve a decirlo ante los micrófonos, pero en la comisión todos comentan que el origen de esa información falsa fue José Serrano. Un nombre que asusta a muchos. Serrano había intentado lavar su imagen a último momento, enviando un oficio en el que pedía que se incluyera su nombre en el informe. Pero esta noble actitud que el exministro adoptó cuando ya no había más remedio no bastó para despejar las dudas que el tema de Molina dejó flotando en el ambiente.

Y eso fue todo. Hubo un último intento de Marcela Aguiñaga por quitar del documento las palabras “crimen de Estado”, con el argumento de que en la legislación ecuatoriana eso no existe; discursos sentidos y solemnes de cada uno de los comisionados; lágrimas de Patricia Ochoa, que estaba de verdad conmovida ante lo que considera el primer resultado verdaderamente útil después de ocho años de calvario; abrazos, emoción y aplausos. Ahora todo está en manos de la Fiscalía, que queda debiendo un pasaje de avión para traer de vuelta al perito Meza. Y hacer justicia.

De la comisión al plenario

Ayer por la mañana los miembros de la comisión entregaron el informe, de manera oficial y pública, a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. El pleno lo conocerá “en las próximas semanas”, dijo ella. También será entregado a la Fiscalía como un insumo para sus investigaciones.