la libertad es el bien más preciado de los seres humanos. Pero, como una suerte de necesidad social para amparar a los inocentes, las cadenas, las rejas y las cuatro paredes de las prisiones se inventaron y se implementaron para castigar las culpas que se cometen contra el prójimo, desde el robo hasta la extorsión y el asesinato, que las religiones sancionan con penas que duran toda una eternidad en el caluroso averno. Sin embargo, esa condición de reos o convictos de los apresados no le da derecho a ninguna autoridad para irrespetar sus derechos humanos o para pensar, bajo el más severo y cruel de los criterios, que los condenados “a capacha” se merecen cualquier tipo de castigo, mientras más riguroso, mejor.

Esta reflexión lógica, directa y sencilla viene al caso por el lamentable estado del sistema penitenciario de nuestro país, en donde la población carcelaria supera casi al doble la capacidad que tienen los establecimientos carcelarios para recibir a los que han delinquido, desde el robo de los “arranchadores” hasta los que se prostituyen en el delito, cobrando por sus crímenes, en calidad de sicarios.

Esta superpoblación de las prisiones nacionales, sobre todo en Guayaquil, Quito, Cuenca y Latacunga, como es de suponer, trae consigo no solo la más terrible incomodidad para los detenidos sino que, también y sobre todo, conduce a un estado de violencia permanente, más que nada por el hecho de que dentro de las cárceles funcionan grupos que se organizan y rivalizan entre sí, algunos que incluso operan tras las rejas para dirigir a control remoto (con ocultos teléfonos celulares que les envían desde el exterior, tal vez gracias a la complicidad de los guías penitenciarios) a mafias delincuenciales que operan en las ciudades, y que utilizando armas que se introducen extraña y clandestinamente desde el exterior se enfrentan violenta y sanguinariamente en los patios de las cárceles, dejando, como ha venido ocurriendo en este año, el saldo de algunos muertos y decenas heridos.

El Gobierno nacional acaba de decretar el estado de excepción, o sea de emergencia, en un lapso de seis meses, para superar esta situación cada vez más alarmante. ¿Tiempo necesario para resolver tan colosal problema?