La incognita Walter Solis

Su nombre lleva días rondando los círculos políticos desde el 2 de junio, cuando empezaron los operativos de la Fiscalía General en el caso Odebrecht. El exministro Walter Solís ha visto estampado su apellido en una orden de detención “con fines investigativos” por el supuesto delito de peculado, la noche del viernes, reportada por la prensa nacional tras una filtración.

El juez Luis Enríquez, de la Corte Nacional de Justicia, competente ante el fuero de corte que reviste a los ministros hasta un año después de haber ejercido sus funciones, es quien firma la orden que -hasta el momento- no ha sido confirmada ni negada por las autoridades, un hecho comprensible al tratarse de información reservada por investigaciones en curso.

Solís, quien no ha podido ser contactado por este Diario, se desempeñó en las carteras de Transporte y Obras Públicas, Vivienda y la Secretaría del Agua, con rango ministerial, guardando un perfil poco público durante sus administraciones hasta su renuncia pública “por motivos personales” al Ministerio de Vivienda, hacia finales de 2016. Su renuncia, en realidad, fue solicitada por el expresidente Rafael Correa, quien lo acusó de haber cometido “un error imperdonable” en el proceso de concesión del puerto de Manta y la extensión de 60 días en el concurso para recopilar las propuestas de operadoras.

A pesar de haber servido en la cúpula del correísmo durante la última década, su único nexo visible la compañía Norberto Odebrecht, causa que reposa en el despacho del magistrado Enríquez, es durante su administración como secretario del agua.

En mayo de 2012, la cartera de Estado adjudicó uno de los 15 contratos de la compañía brasileña con el Gobierno por $ 260 millones para la construcción del proyecto Daule Vinces que, en palabras de Solís cuando visitaba la obra junto a los medios de comunicación, “era una promesa que había demorado 40 años”.

Por esta misma obra, durante el inicio de los operativos de junio, fue detenido Carlos Villamarín, un funcionario de tercer nivel que manejaba la comisión de licitaciones que terminó por beneficiar a Odebrecht con el contrato millonario. La Justicia investiga ahora las delaciones de coimas en este proyecto.

La incógnita en torno a Solís es completa: se desconoce su nexo, su condición jurídica, su relación con el contrato y su permanencia o no en el país.

Solís, ingeniero guayaquileño, tuvo contacto con la Revolución Ciudadana desde 2006, antes de la llegada de Correa al poder y desempeñó su primera función en el sector público como viceministro de Vivienda. Emelecista y amante del fútbol, quienes colaboraron con él lo describen como amable y comprometido con el proyecto correísta, aunque sin continuidad en la era de Lenín Moreno.

Su llamamiento ante la Justicia lo convertiría, además, en el cuarto ministro de Correa en ser señalado por la fiscalía en casos de corrupción, durante los últimos meses.

A la lista se suman ya los investigados como Pedro Merizalde, quien estuvo a la cabeza de Hidrocarburos y, tras su aparición en los Papeles de Panamá, tuvo que dimitir. La Fiscalía abrió contra él una causa por perjurio.

Del mismo ramo, aunque más célebre, Carlos Pareja Yannuzzelli, primera víctima política de los Papeles de Panamá. Hoy, en condición de prófugo y con una orden de difusión roja en la Policía Internacional, ha mantenido un rol político con denuncias abiertas de corrupción y confrontaciones personales con el expresidente.

En la trama Odebrecht ha resultado también involucrado el más efímero y menos representativo de los ministros de Correa, Alecksey Mosquera, a quien ha seguido la Fiscalía por la construcción de la Hidroeléctrica Toachi Pilatón, durante su administración del Ministerio de Energía.

Todos los ministros requeridos por la Justicia han pertenecido a los denominados sectores estratégicos, bajo control político del vicepresidente Jorge Glas, quien se ha mostrado dispuesto a comparecer ante la Asamblea por este tema, aunque el partido de Gobierno haya bloqueado en tres oportunidades la iniciativa.

El reto de la Fiscalía: las filtraciones

La Fiscalía General del Estado condenó ayer la filtración de información “reservada”, referida a la orden de detención contra exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa.

En un comunicado público la institución encabezada por Carlos Baca Mancheno emitió su “condena” contra la difusión de la información, señalando que la misma “obedece a un delito de obstrucción a la justicia”.

Se trata de la primera filtración que sufre la hermética investigación por el caso Odebrecht, que ha evitado las preguntas en las ruedas de prensa del titular de la institución y se ha dejado en suspenso la información pública sobre operativos -como el suscitado en Guayaquil, el jueves último, sin que se conozcan aún los detalles-.

La Fiscalía anunció el inicio de una investigación interna para determinar “quién o quiénes” participaron de la filtración a la prensa.