Antes de proponer impuestos, hay que parar el malgasto. La semana pasada argumenté que una demostración clara de la inmoralidad fiscal es el hecho de que el segundo rubro de mayor importancia dentro del gasto corriente es el rubro “Otros”, rubro donde se metieron $70.000 millones a lo largo de diez años en gastos inclasificables. Son gastos que, en su gran mayoría pueden, y deben, ser cortados de un tajo.

Mientras la economía siga siendo dirigida por quienes crearon los problemas no habrá cura, más allá de las intenciones verbales del presidente. Son individuos convencidos de la necesidad del gasto público como dínamo y motor de la economía; tienen conceptos frágiles acerca del significado de disciplina fiscal.

Basta para ello escuchar las palabras del ministro de Finanzas. Cuando el funcionario se refiere a la deuda consolidada como aquella que uno tiene con la esposa, la aseveración, aparte de irresponsable e impertinente, es machista en su contenido. Son frases que expresaría un mantenido, o quien no paga las pensiones alimenticias a su exesposa, que no creo es el caso.

Cuando el mismo personaje declara que la política económica se basará en la “devaluación fiscal”, aparte de que tal afirmación constituye un desparpajo conceptual, encierra esta la manipulación de cargas tributarias para, supuestamente, favorecer al sector productivo mediante la reducción del impuesto al trabajo (IESS) y el correspondiente castigo al consumo (¿subiendo, entre otros, la tasa del IVA al 16 %?).

El ministro de Comercio lo es de proteccionismo y restricción. La dolarización no lo requiere a él ni a sus medidas elaboradas para supuestamente protegerla; son acciones contraproducentes cuyos costos los terminarán pagando los consumidores, los agricultores, industriales, comerciantes, y el propio Estado, a causa de la retracción de la demanda y el estancamiento recaudatorio.

Volvemos así al ignominioso recetario de 2015 y 2016.

La reducción del gasto demanda una actitud; un estado mental que respeta el buen uso de los recursos, algo imposible para quienes no entienden que el dinero no crece en árboles. Desde tontons macoutes que viajan en primera clase para proteger al Führer contra todo mal, hasta el dispendio de una fortuna para dar teléfonos inteligentes (y posiblemente pinchados) a los pelucones del Gobierno, lo que estos integrantes del Estado ecuatoriano demuestran es su pasión por gastar dinero ajeno.

Organizar viajes insulsos para darse importancia, recibir viáticos millonarios, tener un ejército de guardaespaldas y una flota interminable de vehículos a la disposición, son lujos y privilegios que no existen en países prósperos y civilizados, sino en aquellos que han caído en manos del socialismo populista.

Hay que devolverles a los contribuyentes, productores y consumidores alrededor de $10.000 millones, en los próximos dos años. Ello exigirá que los señores estatales aprendan a trabajar como el resto de los ecuatorianos. No a costa de los demás, sino con el propio esfuerzo.

Que el Estado, finalmente, defina su campo de acción y no haya que pagar millonadas por cada ley o regulación impuesta por legislatura, ministerio, o burócrata corrupto.