Por norma, los prestadores de servicios de telecomunicaciones pagan el 1 % de los ingresos facturados, que se debe invertir para proveer el acceso universal a Internet a grupos vulnerables, zonas rurales y urbano-marginales.

Desde ese punto de vista, hay el dinero para que todos los niños y adolescentes en Ecuador tengan sin problema clases virtuales, dijo a Diario EXPRESO José Pileggi, miembro de la Mesa Nacional de Educación con Valores (MNEV), un colectivo de decenas de ciudadanos de varias urbes del país. Entre ellos hay empresarios como Nelson Guim, profesionales como el economista Francisco Swett, educadores como Mariana Roldós, etc.

El planteamiento del colectivo lo conoce el Ministerio de Educación y hasta la Asamblea, según Pileggi. Los recursos a los que se refiere la mesa son los previstos en un fondo que antes se llamaba Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Zonas Rurales y Urbano Marginales y que, con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2015), se convirtió en la contribución del 1 % de lo facturado de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones para el acceso universal.

La recaudación la realiza la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), valores que en el periodo 2018-2019 estaban presupuestados en 38 millones de dólares, en promedio.

Un dinero que las empresas aseguran que sí han cancelado. El gremio, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), indicó que es real ese recurso, que ellos religiosamente vienen pagando desde 2008 y que debe utilizarse para que exista conectividad donde hace falta. Es decir que ese pago es para que exista la universalidad del servicio. “Las empresas de telecomunicaciones hemos aportado más de 300 millones a ese fondo, pero no se ha usado para el fin que se creó”, destacó Jorge Cevallos, director ejecutivo de Asetel.

El colectivo pide que el dinero que las empresas de telecomunicaciones ya pagan, se use para lo que es. Y señalaron que esos fondos alcanzan incluso para financiar un dispositivo para quienes, por ser de grupos vulnerables, no lo tienen.

EXPRESO más de una vez ha relatado los problemas de conectividad que se presentan en varios sectores y que dificultan que tengan clases virtuales los jóvenes, quienes hasta se suben a los árboles para tratar de tener señal.

Lo más inquietante es que hay alumnos que este año no estudiaron, entre ellos los tres hijos de Rudy Rodríguez, de 15, 11 y 8 años de edad. Ella es madre soltera y lo poco que gana es para la alimentación de los cuatro.

Rodríguez vive en la cooperativa San Francisco, que es vecina de la Penitenciaría del Litoral. Lo paradójico es que precisamente esta semana la alcaldesa Cynthia Viteri denunció que desde esa cárcel, líderes de organizaciones delictivas usan Internet para ordenar robos o la contratación de sicarios. Mientras que los hijos de Rodríguez no tienen el servicio, ni los dispositivos para adquirir conocimiento.

“Nos preocupa la situación. En la cooperativa San Francisco vivimos 173 familias y la mayoría tenemos dificultad para recibir las clases virtuales. Nos desespera ver a la juventud en la calle, vagando. A manera de solución, nos está ayudando Rubit Vallejos con clases para los niños. Por tanto, necesitamos apoyo para tener Internet y dispositivos”, pidió Manuel Wenceslao Espinoza, líder barrial.

• NO HAY RESPUESTA

Diario EXPRESO envió un cuestionario al departamento de Comunicación de Arcotel. No obtuvimos ninguna respuesta. Estas son las preguntas:

• Pregunta 1: Un colectivo plantea que Arcotel recibe un recurso que se debe utilizar en ofrecer un servicio universal de Internet y no se está usando para ello. Explicar su punto de vista.

• Pregunta 2: ¿Cuánto dinero al año representa ese recurso que se recibe por norma?

• Pregunta 3: ¿En qué han sido invertidos esos ingresos?

• Pregunta 4: ¿Cuál es el principal problema por el que no todos reciben clases virtuales? ¿Qué soluciones plantean?