El arrasador rechazo que el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo obtuvieron en la reciente consulta popular podría atribuirse a dos razones: que el cambio, adoptado por países desarrollados que hoy son un modelo en términos de generación de empleo no fue bien comunicado entre los ecuatorianos, o que, simplemente, primó la desconfianza por el abuso futuro que, sin control, podrían cometer ciertas empresas a la hora de contratar.

Lo cierto es que Ecuador ha perdido una oportunidad de flexibilizar sus normas y ayudar así a insertar laboralmente, por primera vez y a mejor ritmo, a los jóvenes, o a todo aquel que requiera de esta modalidad para poder asegurarse un ingreso en un contexto económico cada vez más adverso, en el que la inversión, la producción y la creación de empleos decae.

El debate que generó la consulta pasada no debería morir. Ecuador no debería declinar su propósito de modernizar el mercado laboral, cambiando normas anacrónicas por leyes equilibradas y justas. El Gobierno debe hallar nuevas vías para insistir en una mejora de la contratación, y revisar otras obligaciones como la jubilación patronal, que hoy siguen presionando los gastos que tienen las empresas y que están lejos de ayudar a conservar los empleos existentes. Al país le urge contar con normas que se ajusten a las nuevas necesidades.