Hay contrapesos

La declaración del vocero socialcristiano en el Legislativo, sosteniendo que Alianza PAIS tenía pleno derecho a ocupar la dirección de la Asamblea por haber ganado las elecciones presidenciales, fue el anuncio de lo que ocurrió en el momento del desenlace. Los votos para que esa designación se diera, provinieron del oficialismo, de la bancada del Partido Social Cristiano y de otras organizaciones, y fueron el reflejo de un claro entendimiento para la conducción de esa fundamental Función del Estado.

Se trata de una decisión que expresa una muy particular forma de concebir el manejo del poder del Estado, a partir de la vinculación con la fuerza que lo controla, y dejando en un segundo plano, por razones que pueden depender hasta de intereses personales y egoístas, los múltiples intereses de los diversos sectores sociales, y la cívica obligación de recogerlos y canalizarlos.

En una democracia que quiere orientarse hacia la mayor participación colectiva, las demandas, las aspiraciones y las exigencias sociales deberían constituir el más aconsejable y legítimo referente de gobernabilidad.

En las circunstancias por las que atraviesa el Ecuador, habría sido conveniente que la presidencia de la Asamblea fuera ocupada por un legislador de consenso entre las diversas fuerzas opositoras no vinculadas al correato. De esa manera se habría garantizado la representatividad de otros núcleos partidarios con el pleno derecho de tener presencia protagónica en los escenarios de la institucionalidad, la apertura de canales de planteamientos y acción ciudadanas, y la certeza de que ellos y los múltiples colectivos actúen como factores de presión para la adopción de las políticas, el no blindaje de los corruptos, y las demás decisiones que exige el país.

El evento del miércoles 14 es, no cabe duda, un acontecimiento de reinstitucionalización en el aparato del Estado, pero sus efectos pueden ser insignificantes si persiste la convicción de que el partido oficial representa la voluntad nacional de manera excluyente.