René Tapuy, presidente de la comunidad kichwa Río Indillama, en el Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana, regresó con las manos vacías y con más interrogantes de la contaminación provocada el 28 de enero por la empresa Oleoductos de Crudos Pesados (OCP Ecuador), entidad que aún no determina el aproximado de cuántos barriles de crudo se derramaron en el sector de erosión del río Coca, en Napo.

“Vuelvo a mi pueblo con el mensaje de que no hay nada, fui al Municipio, al Ministerio de Ambiente y no saben cómo darnos agua, tenemos tres días sin tomar, no podemos comer, dijeron que iban a traer raciones alimenticias y nada ha llegado, no hay ayuda”.

Tapuy cuestiona a las autoridades y el manejo de la información porque en redes sociales “pintan” que todo está controlado y la realidad es otra.

Una muestra es que no fueron alertados, al menos, de que hubo un derrame de petróleo en el agua. Ellos se dieron cuenta por el fuerte olor a combustible y las manchas en el agua que llegaron hasta las orillas de sus comunidades.

“Hasta el sábado, la gente cocinó, lavó y se bañó. Pero después vino la preocupación. Por favor necesitamos ayuda, no podemos hacer nada sin el agua, más que recurso, es nuestro vínculo ancestral. En abril de 2020, vulneraron nuestros derechos y ahora vienen con esto”, lamentó Tapuy mientras regresaba a dar las malas noticias a su pueblo.

Que el hidrocarburo se mueva tranquilamente junto con la corriente del agua fue “un golpe bajo” para los habitantes amazónicos. Lilia Noa, perteneciente a la comuna San José de Coca, enfatiza que a finales de 2021 e inicios de enero de 2022 “volvieron a aparecer los peces” y lamenta que nuevamente no se pueda pescar y utilizar el agua    y “no le duela a nadie lo que pasa”.

Luis Xavier Solís, representante legal de la fundación Alejandro Labaka, estuvo hasta la tarde del domingo recorriendo en lancha la zona junto a un equipo de ambientalistas y evidenciaron que no se activó las medidas de contención para evitar el avance del material.

“Hicimos un recorrido desde la comuna kichwa El Edén hasta Francisco de Orellana, la capital de Orellana, en una embarcación, y vimos que llegaban las manchas a la zona de entrada al Yasuní. Hicimos la documentación respectiva    y en ningún lugar hubo medidas de contención del derrame”.

Solís detalla que se trata de aproximadamente 300 km de río de distancia desde la zona del desastre en San Luis, Napo, hasta el sector de ingreso al área intangible “todo el trayecto es habitado por comunas kichwa”, recalcó.

Además de las 105 comunidades indígenas, Solis puntualiza que al incluir las ciudades que también se abastecen del caudal para tener agua potable, se supera las 100.000 personas perjudicadas .

Sin embargo, el    presidente ejecutivo de OCP Ecuador, Jorge Vugjelija, dijo ayer en un vídeo divulgado por redes sociales que son conscientes de que “pequeñas trazas han alcanzado, los cursos de agua” y que a tres días “del evento, hemos recuperado todo ese petróleo”.

Hasta el cierre de esta edición aún no se cumple con la solicitud de entrevista realizada por Diario EXPRESO.

No obstante, el Ministerio de Ambiente señaló que el área total de afectación en San Luis, cantón El Chaco, provincia de Napo, es de 21.007,91 m2 que se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca y de acuerdo a la zonificación, el derrame ocurre 16.913,61 m2 de la zona de protección.    Pero no ha dicho nada de los daños hídricos en Orellana y Sucumbíos.

El ministro de Ambiente,  Gustavo Manrique, señaló a este periódico, que sí sancionará a OCP Ecuador. Pero aún se ejecuta el levantamiento de información de los daños ocasionados. Según los artículos 326 y 327 del Código Orgánico Ambiental (COA), la sanción económica puede ir entre los $ 4.250 hasta $ 85.000 sin contar los agravantes. En caso de tenerlos se incrementará un 50 % adicional. Ambiente espera para poder actuar que OCP Ecuador entregue un informe de los daños ocasionados para su posterior presentación del plan de remediación, pero las comunidades ruegan por agua.