Para hacerse escuchar hay que organizarse

Ser escuchados por el alcalde Jaime Nebot no es difícil, pero si no se conoce el protocolo, la comunicación con el administrador de la ciudad puede convertirse en un verdadero viacrucis.

Aquello lo saben bien los líderes barriales que con hojitas arrugadas, impresas en papel bond, llevan los requerimientos al Municipio cada semana. Alcantarillas colapsadas, pavimentación, parques, canchita para los niños... Para hacerlos llegar a las manos de Nebot, suelen esperarlo a la salida de la sesión ordinaria del Concejo Cantonal y pescarlo, como quien sigue a una estrella de rock. Nebot se detiene, recibe los papeles y luego los mete a su despacho. Entonces, los líderes comunitarios creen haber hecho gol.

El capítulo III del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), en su artículo 302, garantiza reconocer todas las formas de participación en los gobiernos locales.

En la práctica formal, lejos de los papelitos arrugados, es a través de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana de Guayaquil en donde la voz de los 2,2 millones de ciudadanos intenta ser escuchada una vez al año, en reunión con el alcalde y todos los directores del Municipio.

Ante este escenario, no sorprende que sea difícil incluir a todo Guayaquil en el grupo. Por eso hay decenas de líderes frustrados que piensan como Moira Castellanos, primera vicepresidenta de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para Buen el Vivir: “La participación ciudadana no funciona eficientemente. Cuando quisimos entrar al Municipio, no hubo facilidades y la desinformación fue un gran obstáculo”.

Gustavo Rivadeneira, presidente del Consejo de Participación del Barrio del Salado, explica que quien no conoce la metodología puede hallar trabas como las que menciona Castellanos. “Nosotros fuimos comité barrial e hicimos la conversión a consejo, así, automáticamente fuimos incluidos en la asamblea”, narra.

El trámite consistió en acercarse al departamento municipal de Vínculos con la Comunidad, que queda en el edificio Crillón, y presentar el acta: “Te revisan la documentación, la copia de la cédula de todos los miembros del nuevo consejo y diez días después te llaman para notificar que eres parte de la asamblea”, cuenta.

Estar entre los elegidos, afirma, les da mayor oportunidad de ser escuchados en sus necesidades, además de tener voz en las decisiones presupuestarias del Cabildo. La asamblea del año pasado, donde se aprobó el presupuesto de 762 millones de dólares, duró solo 19 minutos.

Guayaquil cuenta con 250 consejos de participación solo al noroeste.

En todo el territorio hay unos 400, explica Stalin Poveda, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales y Consejos Barriales, quien asegura que “todos tienen oportunidad de ser actores protagónicos en las decisiones de la ciudad”.

Su defensa al sistema, sin embargo, tiene una esencia alejada de la estructura. “Esto no funciona per se por estar en la Constitución y en las otras leyes, sino por el compromiso de quienes asumen dirigir a la comunidad. Funciona porque es liderado por la gente y no requiere tutelaje de ninguna organización política”.

El planificador urbano y catedrático universitario Héctor Hugo observa bajo este esquema que la participación ciudadana siempre se ha limitado a llegar a una primera instancia donde se expone el problema a la autoridad y se solicita una solución, ya sea en aquellos oficios impresos en papel bond o a través de la asamblea. El riesgo es que de ahí no pase.

Ante esto, el experto dio un paso más con la propuesta conocida como Proyecto Delta, que estructuró desde la facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil para modificar el escenario urbano que rodea el centro de estudios. Pasó de presentar el problema a entregar la solución, por iniciativa de la entidad educativa, y sin ninguna remuneración del Cabildo, salvo la aprobación de la propuesta para este 2019.

Por eso considera que lo que hay que hacer en materia de participación es potenciar la relación de la academia con la comunidad y los proyectos urbanos, donde ahora no tiene mayor participación pese a desarrollar constantemente iniciativas independientes desde las aulas.

“La academia es una herramienta de gestión que a veces es desaprovechada, cuando puede entregar proyectos valiosos si se refuerza el vínculo. Un departamento de planificación municipal no tiene funcionarios suficientes para resolver los problemas de millones de habitantes”, concluye.

El ejemplo de Medellín...

Golpeada por el crimen organizado, Medellín pasó por un proceso de recuperación de su territorio que solo fue posible a través de la participación ciudadana y la decisión política. En entrevista con EXPRESO, el subdirector de Planeación Territorial de Medellín, Juan Diego Lopera, explicó que en la administración de Sergio Fajardo (2004) se llevó a cabo una transformación social que incluyó a líderes políticos, empresarios, academia y oenegés.

Hoy, existe un Consejo Territorial de Planeación, instancia de participación ciudadana con 33 líderes de la sociedad civil, que formula recomendaciones y funge de fiscalizador. “El poder que ha tenido ese consejo es tan alto, que el no contestar le generará un problema al alcalde. Suele haber tensiones por la prioridad en la agenda de obras, pero el proceso es enriquecedor”.