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Una guía para desenredar el caso ISSPOL

Ha pasado un año desde que las irregularidades salieron a la luz. EXPRESO detalla sus alcances y la importancia de entenderlo.

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Los exdirectores del Isspol firmaron las transacciones.EXPRESO

El caso Isspol se ha ganado un espacio en las páginas del libro que recoge los mayores escándalos de la historia financiera ecuatoriana. Mostrarse como el primer gran atraco del mercado de valores le da méritos, pero también la forma en que una red de actores llegó a operar para, de manera esquemática, entramar en bonos y obligaciones más de $ 900 millones de las cuentas del seguro policial, a vista y paciencia de autoridades y varios frentes de control.

Al ser el mercado bursátil un nicho poco conocido y explorado, ha tomado un año desentrañar lo sucedido. Pero aunque el tema todavía está en investigación (la Fiscalía ha abierto 15 procesos para llegar al núcleo y hallar responsables), ya es clara su dimensión: la corrupción orquestada por ciertas élites financieras, que deja en evidencia la cada vez más débil institucionalidad del país y que genera consigo un gran impacto social. 

Otra arista de la que poco se habla. Y detrás de este desfalco, la afectación a 80.000 policías afiliados al Isspol que ahora mismo esperan que sus ahorros vuelvan a sus cuentas. Novecientos millones de dólares no es cualquier monto. Se compara con la suma de un sueldo básico que, solo en un mes, podrían recibir más de dos millones de trabajadores.

¿Pero cómo inició todo esto? ¿Qué implicaciones ha tenido? ¿Qué han arrojado las investigaciones? ¿Cuánto dinero se ha recuperado? Aquí una guía para entender el caso:

1. ASÍ SE FRAGUÓ. Los registros del Isspol señalan al 2014 como el año en el que se dieron las primeras operaciones. Sin embargo, actores de este mercado explican que para comprender lo sucedido es necesario retroceder un par de años más. El punto de inicio, explican, está en la crisis de iliquidez que venían arrastrando varias empresas, que al no tener acceso a préstamos en el sistema bancario, terminaron por ser el objetivo de ciertos operadores bursátiles que, a través de reestructuraciones amañadas, comenzaron a ayudarles a generar y vender títulos valores para obtener el dinero que requerían. Era un sistema que debía sostenerse y que, en caso de falta de pagos, debía cubrirse con nuevas emisiones. Así, las casas de valores, motivadas por cobrar altas comisiones, dieron vida a las letras de cambio (lo que implicaba una captación de dinero no permitida en el mercado bursátil) y generaron más obligaciones a largo plazo y facturas comerciales para ser ofrecidas a inversores, siendo las entidades públicas como el Isspol, su principal blanco.

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2. EL PRIMER GRAN GOLPE. En un mercado que ya demostraba ser débil en controles, ahora sí en el 2014, se posiciona otro actor: Jorge Chérrez, de Ibcorp, la firma con la cual se canalizan nuevas propuestas de inversiones (bonos de deuda interna, pactos de recompra y bonos puros) y con la que logran captar $ 693 millones. 

Un esquema que requirió la participación no solo de los directivos del seguro policial, en ese entonces bajo la dirección de David Proaño, sino de las casas de valores (ver gráfico), la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y su relacionada Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Privados), que, por fuera de la ley, fingió custodiar papeles (el real custodio era ICS Institutional Custody Services LLC., firma de Chérrez) y ayudar a concretar operaciones que terminaron siendo extrabursátiles, pues dichos títulos no están inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores.

DINERO RECUPERADO. Desde enero hasta la fecha, la actual administración del Isspol, a cargo de Renato González, ha recuperado casi $ 12,5 millones.

3. LA VENDA DE LAS AUTORIDADES. Ese grueso de los montos se da bajo el Gobierno de Rafael Correa, pero hay otros que trascienden al régimen de Lenín Moreno. Desde el 2013 al 2019, periodo en que se dan las inversiones fallidas, pasaron varios ministros del Interior o de Gobierno: José Serrano marcó distancia del problema, alegando haber estado poco tiempo como presidente del directorio del Isspol (la ley que obligaba a los ministros de esta cartera a ser parte del directorio del Seguro se modificó en octubre de 2016, un mes antes de que él dejara el ministerio). 

Pedro Solines no se ha referido al tema, sin embargo en su momento se lo cuestionó por apoyar la expedición de un reglamento, en el 2017, que obliga al Estado a cubrir recursos del Isspol cuando haya un desbalance en sus cuentas. Luego, en periodos menores vinieron los Ministros César Navas y Mauro Toscanini. Quien sí cumplió un rol clave fue María Paula Romo. Fue ella la que, en septiembre del 2020, destapó el caso, exigiendo a Chérrez públicamente los pagos y al Decevale la custodia de los papeles.

4. ¿BAJO QUÉ CONTROL?. Al ser el mercado de valores un nicho especializado y complejo, se asume que sobre él existe un control riguroso. No obstante, acciones débiles u omisiones han dejado entrever que de poco o nada sirvió la labor de la Superintendencia de Bancos (como supervisora de Isspol) y la Superintendencia de Compañías (como reguladora del mercado bursátil). Esto pese a que en 2018, José Ibáñez, exgerente de Valpacífico (entidad donde se intermedian los principales títulos), dio las primeras alertas a los entes de control de la existencia de transacciones sin respaldo.

Así, en la primera entidad, en el periodo de estudio pasaron tres autoridades: Solines, quien dos años antes de ir al Ministerio del Interior fue superintendente de Bancos; Christian Cruz y Ruth Arregui, quien se mantiene en el cargo. Cruz no se ha referido al tema, pero esta última sostuvo que desde el inicio de su gestión, hizo llegar observaciones al Isspol sobre las irregularidades detectadas y que no había ido más allá porque la propia ley les limita a hacer controles previos.

FONDOS CONGELADOS. En su proceso de recuperación de capitales, el seguro policial logró también inmovilizar $ 265 millones que están a título de Natscum, pero que se mantienen bajo la subcuenta del Banco Central del Ecuador (BCE). También congelar $ 4,5 millones que están en una cuenta del Decevale.

Sin embargo, en este año de investigación los mayores cuestionamientos apuntan a la Superintendencia de Compañías, donde Suad Manssur y Víctor Anchundia han sido los protagonistas. Manssur en su momento defendió su labor alegando haber sancionado a casas de valores (solo dos: Stratega y Accival), tras detectar que en 2017 estaban realizando operaciones extrabursátiles junto a IBcorp. Esto, dijo, fue notificado al superintendente de Bancos, Christian Cruz, quien vía oficio, añadió, respondió ocho meses después defendiendo la inversión.

En esta rendición de cuentas, quien sí ha tenido poco que explicar es Anchundia, pues el año pasado luego de decir públicamente que la entidad había sido “engañada” cortó toda vía de comunicación con la prensa. Sobre él y sobre Carlos Murillo, su exintendente de Valores, caen cuestionamientos como el laxo control aplicado al Decevale y a las empresas que participaron en el mercado. 

Dos casos icónicos son Delcorp y Ecuagran, dos firmas que se convirtieron en deudoras de Isspol, luego de permitírseles en octubre de 2019 emitir obligaciones por $ 30 millones (a Ecuagran se le levanta una intervención con ese objetivo), aun cuando sus propias inspecciones habían detectado irregularidades en estados financieros y en emisiones previas, relacionadas a facturas comerciales sin sustento económico. Eso ya ha motivado que en la Asamblea se reúnan 45 votos para iniciar un juicio político en contra de Anchundia.

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La Contraloría y la UAFE  (Unidad de Análisis Financiero y Económico), por su parte, tampoco han demostrado haber hecho algo para detener las irregularidades.

5. NO HAY DETENIDOS. Tras las denuncias de Romo y la investigación de los medios de comunicación, cuyos resultados han sido expuestos muchas veces de forma exclusiva por EXPRESO, la Fiscalía ha abierto hasta la fecha 15 procesos judiciales. Eso ha implicado poner bajo indagación a una treintena de personas, sobre quienes hoy solo pesan medidas cautelares. No hay detenidos. Mayor diligencia ha demostrado la Corte del Distrito Sur de Florida (EE. UU.), que ya aplicó cargos sobre Chérrez (con orden de arresto) y Jhon Luzuriaga, exdirector de Riesgo del Isspol (detenido en febrero pasado), por su presunta participación en un esquema de soborno y lavado de dinero en ese país, y que involucra al fondo de Isspol. En junio de este año, Luis Álvarez, exgerente del Decevale, también fue procesado. Admitió haber recibido $ 3 millones en sobornos.

6. EL RIESGO. El desfalco cometido en contra de Isspol bien podría convertirse en un robo al Estado. Si en el mediano o largo plazo la entidad llegase a declararse en quiebra por la pérdida de sus millonarias inversiones, el Estado estaría obligado a cubrir el pago de las pensiones de sus 80.000 afiliados. Es lo que dispone el cuestionado reglamento que defiende Solines y que fue publicado en mayo de 2017, apenas seis días antes de que Rafael Correa dejara la Presidencia de la República.

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Usted ha dicho tener pruebas de los pagos que Ecuagran hacía para presionar fallos de la Superintendencia de Compañías a favor de la firma. ¿Qué pruebas son esas?

- Son correos electrónicos en los que se puede ver que eran dos abogados los que recibían pagos: uno por el lado de Delcorp y otro por el lado de Ecuagran. Esto lo llegamos a obtener a través de la revisión de la contabilidad de ambas firmas. En la misma se aprecian pagos en la fecha del levantamiento de intervención. ¿Cómo levantas la intervención que se ha recomendado no levantar en contra de Ecuagran? Y sin embargo, se la levanta a los dos días siguientes. Eso de gratis no creo que lo hayan hecho. En esos correos hay conversaciones con Juan Ramón Jiménez (quien tendría influencia en la Superintendencia de Compañías) para que se hable con Carlos Murillo, exintendente, para que se levante la intervención.

- ¿Hay registros de los pagos como tales?

- Directamente a Juan Ramón Jiménez no, pero si se sigue la ruta del dinero y vas por el lado de Juan Fernando Manrique (abogado de Ecuagran) y Daniel Pino (abogado de Delcorp) vemos que alguien tiene que haber pasado dinero para haber tenido reuniones con Juan Ramón Jiménez. Es difícil creer que se hayan reunido gratis. Si contratas a un abogado, ¿para qué necesitas un intermediario con la Super si se puede hablar directamente?

- ¿Estas pruebas ya las tienen las autoridades?

- Son pruebas que aún están de forma reservada. Esto y otras evidencias las utilizaré en las próximas denuncias que presentaré.

- ¿Hasta dónde quiere llegar con todas estas denuncias?

- Mi objetivo es seguir hasta coger a los peces gordos. Yo no voy a permitir que se meta preso a un contador que ganaba un sueldo por trabajar cuando el pez gordo es el que en realidad robó todo el dinero, se llevó toda la plata y está libre. Hubo un tonto útil, pero el ladrón es el que debe caer.

- ¿Cómo ve la actuación de la Justicia?

- El gran problema es que Fiscalía no tiene todo el conocimiento para manejar este tipo de casos financieros. No hay fiscal financiero, no hay perito financiero. Por eso, este tipo de delitos nadie los quiere ver. Este año hemos tenido cuatro cambios de fiscales, además porque hay una lucha con poderes políticos y económicos.

- Usted alertó estas irregularidades con las notificaciones que dice envió en 2018 a varias autoridades de control. Hay quienes dicen haber actuado; otras alegan límites de la propia ley.

- Suad Manssur, la exintendenta de Compañías, fue notificada de la operación Ventura, pero no hizo nada. Una autoridad tiene que auditar, regular, revisar, emitir alertas y enseguida hacer auditorías a la casa de valores. A Valpacífico, a Ventura, no le hizo auditorías. Víctor Anchundia (actual superintendente), igual. ¿Qué amonestación o liquidación ha hecho? Ninguna. Igual los que han estado en la Superintendencia de Bancos. Podían haber mandado alertas para que inspeccione la UAFE, el SRI. Había forma de hacerlo, otras vías, pero no se las empleó. La Supercía tiene una unidad llamada Dirección Nacional de Lavado de Activos. A cualquier operación extrabursátil se la puede ver como un tema de lavado porque es una operación ilegal. Tenemos entes de control puestos por un Consejo de Participación que deja mucho que desear. De esto no dice nada. 

  • ¿QUIÉN PAGA LA FIESTA? Menos crédito y servicios de salud 

El faltante de capital en las cuentas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) empieza a reflejarse con un desgaste en los servicios que reciben miles de policías. No solo se ha afectado la capacidad de dar créditos, explica Renato González, actual director del Isspol, sino los beneficios que entregaba el sistema de salud policial. “La entidad tiene ocho fondos... los dos más importantes son el de Retiro de Invalidez y Muerte (que es el que paga pensiones) y el de Enfermedad y Maternidad. Este último fondo llegó a tener 140 millones de dólares, pero ese dinero no fue invertido en nuestros centros de salud, sino que están en las inversiones del señor Chérrez. Por eso tenemos niveles de salud policial desatendidos. Varias clínicas privadas no quieren ya atender a asegurados del Isspol por falta de pago”, detalló.

Las pensiones, dice el director de la institución, han podido mantenerse gracias a los aportes patronales y personales mensuales que, por ley, el Estado debe entregar. Este Gobierno está al día. Hasta mayo se han cancelado $ 85 millones. No obstante, enfatiza que la deuda estatal aún suma $ 270 millones.

  • LO QUE VIENE: Aplicación de coactiva y acciones legales

De los 15 procesos judiciales que ha abierto la Fiscalía, seis de ellos fueron impulsados por Isspol. No obstante, eso no es suficiente para recuperar el capital sustraído. La entidad apuesta por aplicar la facultad coactiva que el 31 de agosto pasado se les otorgó, a través de una reforma a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, y por ejecutar nuevas acciones legales para rescatar los millonarios recursos.

Para lograr esto último en septiembre pasado, el seguro policial cerró un contrato por $ 900.000 con Gonzalo Córdova y Asociados (GCA-Abogados S. A.) para recibir asesoría jurídica en los próximos dos años. La prioridad es iniciar acciones de nulidad de la operación Swap, para lograr rescatar los $ 265 millones que están inmovilizados en las cuentas del Banco Central del Ecuador (BCE). Lo que sigue se irá determinando conforme se avance en un diagnóstico del caso, que se prevé tener en las próximas cuatro semanas. La institución no descarta seguir presentando acusaciones en el ámbito penal, civil, administrativo en contra de actores del mercado y autoridades que, se cree, tuvieron responsabilidad.