El año 2022 fue el más violento e inseguro para Ecuador, que además de cerrar con 4.603 muertes violentas se realizaron 387 gestiones de antiexplosivos en el país. De esa cantidad, solo en Guayas se registraron 208 casos.

Pero en 2023 esa misma provincia aglutina 29 casos en el primer mes del año, y fue apenas en dos días de ese mes, en el que el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), especializado en explosivos, no tuvo alarmas u operativos de explosivos.

Luego de atender el llamado se destruye o en caso de ser posible se realiza una detonación controlada de los artefactos decomisados o encontrados.

“No se puede conservar el material porque la detonación es un riesgo muy grande. En caso de ser parcialmente seguro, en la medida de ser posible su traslado a un área segura se lo hace” dijo el teniente Luis Cóndor, encargado del equipo de gestión antiexplosivos en Guayas.

El Código Orgánico Integral Penal sanciona en su artículo 361 con cinco a siete años de cárcel a la persona que sin autorización fabrique, traslade, comercialice o use explosivos, mientras que el 473 ordena la destrucción en caso de ser encontrados, decomisados.

El fiscal César Peña aclara que este procedimiento de la destrucción de explosivos siempre ha existido, pero que ahora parece que es inmediata debido a la gran cantidad de hallazgo en las calles, especialmente en la ciudad de Guayaquil.

“Ahora es más común y en mayores cantidades, hasta hace dos años era uno cada mes aquí que es más conflictivo, ahora atendemos a diario o máximo pasando un día” lamentó el funcionario, quien apuntó que esto responde también al incremento del registro de delitos cometidos, tales como sicariato, extorsiones y robos.

Sin embargo, el GIR aún no precisa a este Diario cuánto material explosivo se ha destruido en lo que va de 2023. El año anterior destruyó más de media tonelada, es decir, 666.411 kilogramos de pirotecnia artesanal, emulsiones, cordón detonante, mechas de seguridad y adicional a eso 210 artefactos improvisados, 193.000 detonaciones eléctricas y el exterminio de elementos como amonio, pentolita, entre otros insumos.

Peña indicó que luego de que se registra una alerta, emergencia u operativo, acude un perito en explosivos de la Policía Nacional, en donde se elabora un informe detallado de los elementos detonantes encontrados y de ahí con eso el fiscal ordena la destrucción y los uniformados deben cumplir con aquello.

Según el GIR, no cuenta con material explosivo acumulado sin detonar de forma controlada debido a los riesgos que atenten contra la vida o bienestar de los uniformados que operan con esos elementos.

USOS DE LOS EXPLOSIVOS:

• Minería ilegal. Los operativos de los grupos especializados de la Policía y de Militares han identificado grandes decomisos de explosivos en las denominadas “zonas calientes”, estas son: Imbabura, Carchi, Loja, Napo, Los Ríos y Zamora Chinchipe.
• Atentados. En 2021 hubo apenas 13 explosiones registradas, pero en 2022, además del descomunal crecimiento de los atentados, se lamentó la muerte de cinco víctimas y otras 18 personas resultaron heridas, se analiza disputa de territorio por narcotráfico.
• Extorsiones. Las amenazas realizadas por grupos delictivos con el uso de explosivos a comercios responde a intentos de coimas para entregar supuesta seguridad. En los primeros ocho meses de 2022 hubo 5.545 casos denunciados.