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Más del 50 % de la población está integrada por mujeres.ARCHIVO / EXPRESO

El grito de una sociedad diversa a candidatos sordos

Representantes de nuevos sectores hablan sobre lo que esperan del próximo mandatario. Cuestionan la escasa información que manejan y poca predisposición a escucharlos

Olvidado, excluido, invisibilizado, discriminado. Solo cuatro de una lista de adjetivos con los que dirigentes sociales y activistas de varios sectores de esta diversa sociedad ecuatoriana califican su relación con el Gobierno Nacional (no solo con este sino también con los anteriores) y la proyectan al venidero.

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EXPRESO da voz a nueve representantes de distintos sectores de la sociedad desde los menores de edad y adultos mayores, pasando por la población afroecuatoriana, montuvia e indígena, y avanzando por las mujeres, migrantes, la comunidad LGBTI y las personas con discapacidad, para que expongan lo que esperan del próximo inquilino o inquilina del Palacio de Carondelet.

De entrada existe un reclamo. Algunos de los consultados coinciden en que los 16 candidatos a la Presidencia de la República manejan datos insuficientes y un discurso muy superficial sobre la situación de cada sector, por lo menos de lo que han podido escuchar o leer de sus propias palabras en entrevistas en medios de comunicación y en los tres debates presidenciales. “En general los candidatos, no solo sobre el tema de las mujeres, le hacen una pregunta y responden cualquier cosa. No tienen un bagaje, conocimiento de que esto es lo que le pasa a la mitad de la población”, comentó Virginia Gómez de la Torre, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres y directora de la Fundación Desafío.

Según cifras de la Fiscalía General del Estado al año 2020, entre marzo y septiembre se registró un promedio de 6 femicidios al mes. Durante los meses de abril, mayo y junio, entre los más duros de la pandemia por la COVID-19, hubo un incremento de femicidios en el área rural. Mientras que en la zona urbana, en agosto de 2020, estos casos aumentaron casi cuatro veces con relación al 2019 (de dos a siete).

Nohelia Rivas, vocera y una de las coordinadoras de la Red de Organizaciones por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, concuerda con Gómez en que los candidatos abordan de manera superficial las diferentes realidades. Es por ello que considera necesario que los aspirantes respondan a las invitaciones abiertas o personales que realizan estas organizaciones, incluida la que ella integra, para que se empapen de primera mano con datos certeros sobre la situación de cada sector.

Hasta el pasado viernes, la Red ha tenido acercamiento con candidatos a asambleístas del movimiento Unidad Popular, de CREO y del partido Avanza. Ayer estaba previsto un encuentro con el postulante presidencial por el movimiento Pachakutik, Yaku Pérez; y hoy otro con aspirantes a la Asamblea por el movimiento Centro Democrático. Es decir que esta organización ha tenido o tendrá contacto, por el momento, con uno de los 16 candidatos presidenciales, y cuatro organizaciones políticas de 17 con aspiraciones a una de las 15 curules de la lista nacional a la Asamblea. El dato dice mucho.

Desinterés, priorizar el corto tiempo de la campaña o simplemente creer que los datos que manejan sobre cada realidad son suficientes. Cada candidato tendrá sus motivos para preferir la efervescencia y algarabía de la campaña en lugar de sentarse y escuchar unos minutos a dirigentes sociales y activistas (quienes también son votantes) que tienen mucho que plantearles. Si no los escucharon, por lo menos léanlos.

MIGRANTES.

A nivel de consulados y embajadas, esperamos que se fortalezca el movimiento asociativo migrante. Y que las dependencias consulares no se conviertan en ONG. A nivel educativo, mediante acuerdos, que los Gobiernos donde vivimos reconozcan la homologación de nuestros títulos que traemos los ecuatorianos desde nuestro país. Otro pedido histórico es que los registradores de la Propiedad pudieran venir a los países y registrar las propiedades de los migrantes en Ecuador. Hay casos en los que compramos un terreno y construimos una propiedad y familiares terminan apropiándose de ella.

Vladimir Paspuel, migrante ecuatoriano y presidente de la Asociación Rumiñahui.

PUEBLO MONTUVIO. 

Queremos que nos dé el ámbito que nos merecemos. La visibilización de nuestro pueblo. Aquellos que nos sentimos que somos parte del pueblo montuvio o de cualquier grupo lo que queremos es visibilización, programas de gobierno para nuestra gente. Porque la necesidad de los montuvios no es la misma que tenga el pueblo afro. Son realidades distintas. Tenemos que tratar de beneficiar al pueblo de acuerdo a sus necesidades... Si un Gobierno nos garantiza eso, va a contar con nuestro apoyo. Somos un pueblo productivo y como tal queremos que nos tomen en cuenta y nos brinden beneficios en programas de gobierno.

Ana Oñate,  presidenta del Pueblo Montuvio del Guayas.

COMUNIDAD LGBTI.

Una nueva Presidencia y Asamblea Nacional deben llegar con una agenda estructurada en la que las organizaciones podamos identificar una hoja de ruta política. Se ha avanzando mucho, pero es importante hablar de temas de garantía como el acceso a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la educación como un derecho que, lastimosamente, sigue siendo una deuda inmensa hacia la población sexo-diversa sobre todo a la población que vive en pobreza o pobreza extrema. Ni que hablar de la población trans que históricamente aún estos derechos no han tenido la oportunidad de llegar como debería tanto hombres como mujeres.

Danilo Manzano,  activista LGBTI y director de la Fundación Diálogo Diverso.

MUJERES.

Esperamos por lo menos que haya algo de sensibilidad humana para que se empapen de los problemas que existen en la mitad de la población que somos las mujeres. Lo segundo, que entiendan que las mujeres somos diversas. Hay mujeres migrantes, con diferente orientación sexual, adultas, adultas mayores, menores de edad. En las mujeres pobres, que son la mayoría en el país, es donde tienen que concentrar sus esfuerzos. Tenemos pendientes que resolver en relación a la violencia contra las mujeres. Este Gobierno le deja de herencia un estudio que es básico para que el otro Gobierno se entere.

Virginia Gómez de la Torre, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres y directora de la Fundación Desafío.

INDÍGENAS. 

Como organización buscamos el bienestar de la sociedad en general. Por lo que creemos que el deber principal de un Estado debe ser el cuidado de los jóvenes, de los niños para que se preparen y no se corrompan en el transcurso de la vida, por ejemplo, con el consumo de drogas. Es deber fundamental del Estado cuidar la salud integral de los jóvenes, niños, en particular, y de todo la población en general. Como organización hemos estado en los grandes levantamientos indígenas porque estamos en 18 provincias del país, y como tal hemos analizado la situación política y creemos que es necesario que el próximo Gobierno nos escuche siempre velando por el respeto de nuestros principios.

Alexandra Morales, presidenta (e) del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Una de las cosas que más esperamos es que las decisiones que se tomen sobre Niñez y Adolescencia se tomen con nosotros, porque vemos que hablan de estos temas y quienes toman las decisiones son adultos y no nos incluyen. Planteamos que se cree un plan urgente para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan tener un aparato electrónico y acceso a internet. Eso es indispensable porque se nos niega un derecho primordial, ahora en época de pandemia, que es la educación. En cuanto a la desnutrición crónica, que el Gobierno debe priorizar la alimentación y la salud. Otro tema es que muchos menores son discriminados en hospitales en razón del lugar de su origen.

Nohelia Rivas, coordinadora de la Red de Organizaciones por la Defensa de los Derechos de Niñez y Adolescencia.

POBLACIÓN AFROECUATORIANA.

Las propuestas que vemos no son incluyentes. Como siempre se habla de generalidades como si todos los problemas se curaran con paracetamol. No están diferenciados como pueblo, porque nosotros hemos sido excluidos. Estamos ya para terminar el decenio, sin embargo, no vemos ninguno de los ejes temáticos hechos realidad como la justicia, el reconocimiento y el desarrollo. No nos vemos ni representados ni enmarcados en una política pública exclusivamente para un pueblo abandonado como el afro. Aspiramos a que se tome conciencia. Que los candidatos tome como bandera de lucha nuestra agenda elaborada por más de cinco años.

Sonnia España, integrante del Movimiento Nacional de Organizaciones Sociales del Pueblo Afroecuatoriano.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Lo que esperamos es que este próximo Gobierno nos visibilice. En algún momento nos hicieron visibles cuando el actual presidente era vicepresidente, pero las cosas quedaron ahí. Le dieron un colchón, una ayuda técnica y ahí quedó. Eso no es así. En la actualidad hay que hacer un seguimiento, si mejoraron su calidad de vida y a muchos de ellos hasta les quitaron el bono. Así como tenemos derecho al voto, también tenemos derecho a la vida, a una educación. Gran parte de las unidades educativas no están adaptadas para las personas con discapacidad física o movilidad reducida. Y se supone que toda empresa debe tener al menos el 4 % de personas con discapacidad.

Betsabé Pilaloa,  presidenta de la Asociación de Hemipléjicos, Cuadripléjicos y Parapléjicos del Guayas.

PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Exigimos que el próximo Gobierno respete lo que dice la vigésimo primera transitoria de la Constitución sobre el pago de los incentivos a los maestros jubilados. Y en general, como jubilados y adultos mayores, esperamos que el próximo presidente o presidenta tiene que hacerse cargo de la deuda del Gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El ente nos pertenece a todos los ecuatorianos, no solo a los maestros. Así como los educadores alzamos la voz de reclamo y exigencia para que se capitalice al IESS, se le devuelva la plata para la administración de Rafael Correa y Lenín Moreno se le han llevado, esperamos que el próximo Gobierno respete la ley.

Aracelly Moreno, presidenta de la Coordinadora de la Región Costa de Maestros Jubilados.