Graves denuncias electorales
A comienzos del siglo pasado se inició en México un proceso revolucionario que entre sus proclamas, en la voz de Francisco Madero, lanzó aquella de: Sufragio efectivo, no reelección.
Cuando el Ecuador contemporáneo ha retrocedido a la posibilidad de la reelección indefinida, conviene que no lo haga también en cuanto a dejar de garantizarse el sufragio efectivo.
Sin otro ánimo que el de alertar respecto de una de las esencias de toda sociedad que quiere mantenerse dentro de los parámetros básicos de una democracia real, no es grato pero sí necesario destacar que las dudas sobre la pureza de nuestro sufragio crecen día a día.
La desconfianza parte de una situación que, pretendiendo superar antiguas anomalías, ha dado lugar a la generación de otras más graves.
En efecto, al constituirse el denominado Consejo Nacional Electoral, otorgándole amplia competencia en la organización de los actos electorales y dejando la designación de sus miembros, tal cual la de los del Tribunal Contencioso Electoral, a cargo del denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pese al concurso público requerido para nombrarlos y la garantía de equidad que establece la Constitución, el único propósito potencialmente posible de ser cumplido, en las actuales circunstancias, es el de la paridad de su integración entre hombres y mujeres.
En la práctica, dada la ausencia de representación de los partidos y movimientos políticos en esas designaciones, lo que como un hecho indeseable ha podido evidenciarse es el copamiento de estas por afiliados o simpatizantes del partido en el Gobierno, salvo contadas excepciones, dado que el mecanismo de selección, al igual que ocurre con otras instancias del poder público, muchas veces supera el poder correctivo de las previstas impugnaciones ciudadanas.
Así las cosas, ahora se suma a lo expuesto lo recientemente denunciado por un asambleísta, de oposición, es cierto, pero esgrimiendo pruebas de inaceptables irregularidades en los padrones electorales que involucran, por ejemplo, a más de 11.000 ciudadanos que, superando los cien años, han podido sufragar en las últimas elecciones y, teóricamente, recibido el respectivo certificado de votación emitido por el Consejo Nacional Electoral.
Sin duda, hace falta una prolija aclaración.
