A un golpe de Estado asimiló más de un diario la cesación de Moreno en sus funciones como presidente de Alianza PAIS, y los demás medios de comunicación brindaron a la noticia una sobredimensión insólita. Cualquiera habría creído que se narraba una catástrofe política o que se habría atentado contra la institucionalidad del Estado, suprimiendo con A.P. una de las funciones previstas para su existencia como tal. Preguntarnos: ¿cómo podría Moreno gobernarnos si se le priva de la dirección de Alianza PAIS? Y respondemos que tal interrogante entraña una marcada torpeza e ignorancia mayúscula. Desde el punto de vista legal, Alianza PAIS puede desaparecer con el beneplácito de una gran mayoría ciudadana.

En países donde la democracia se vive y el respeto a la ciudadanía y sus leyes es evidente, una vez elegido un primer mandatario, este abandona las funciones que venía ejerciendo en su partido político o es inmediatamente liberado de la disciplina partidista para que pueda cumplir con su nuevo rol de jerarquía, innegablemente superior, como es el dirigir los destinos de toda una nación bajo los dictados de una Constitución y de sus normativas legales. El partido, salvo en los regímenes ideologizados y dictatoriales como el marxista, no había sido elegido para gobernar, sino uno de sus miembros y las concomitantes obligaciones constitucionales y legales eran de naturaleza personal y excluyentes de toda injerencia que pudiera pretender predominar sobre las leyes vigentes. No concebimos un presidente jefe de la Función Ejecutiva y al mando de la suerte de todo un país, sometido a las eventuales decisiones de un buró político o de una asamblea. De aplicarse esta deformación conceptual en el Ecuador de hoy, nos llevaría a admitir que Correa, violentando la ley, puede seguir metiendo sus manos de titiritero en el Gobierno nacional y preparando su retorno para reinaugurar una nueva década de improperios y abusos, acompañados de la infaltable corrupción que tales prácticas generan.

Con su cesación, los correistas han despojado a Moreno de aquello que no debió haber conservado por un elemental sentido de pragmatismo y ética política. De allí que la acción de protección que este ha intentado para dejarla sin efecto, solo buscaría un incomprensible cuanto repudiable deseo de ejercer una dualidad de funciones que una sana democracia rechaza. Los intereses correistas chocarían con los intereses del país, como ha quedado evidenciado. Y así, al absurdo que entraña la decisión de A.P. de cesar a Moreno en el partido, se suma el inadmisible afán de Moreno por ejercer una dualidad presidencial que privaría al país de un ejercicio pleno de las funciones para las que fue elegido.

Había múltiples razones para presumir las artimañas de que se valdrían los sumisos súbditos de Correa para mantener vivas sus pretensiones de continuar con el desgobierno hasta ahora impune de Correa. Descubrirlas y hacerlas públicas constituye un éxito democrático atribuible solamente a Moreno y del que no puede jactarse la oposición. Esta puede y debe batir palmas sin reclamar participación gubernamental alguna. Librar al Ecuador de la toxicidad correista es, por sí solo, un logro del que está emergiendo una visión de país que garantiza el respeto a los derechos humanos e impulsará la dinamia productiva y desarrollista ecuatoriana.