No cobran sus sueldos, les han cortado la luz, se les prohíbe abordar vuelos comerciales y las leyes que sancionan han sido bloqueadas por el máximo tribunal del país: así es el día a día de los congresistas en Venezuela.

A pesar de controlar la mayoría de asientos en la Asamblea Nacional desde enero de este año, los parlamentarios opositores no han conseguido que entre en vigencia una sola ley, obstaculizados por la Corte Suprema que declaró inconstitucionales todos sus actos acusándolos de “desacato”.

Y lo más reciente. Ayer, el presidente Nicolás Maduro aprobó por decreto el presupuesto nacional para 2017, pasando por alto al Parlamento, una decisión inédita que hace temer una profundización de la crisis económica y política en el país petrolero.

“Aquí está el presupuesto de 2017 y la ley de endeudamiento. Cúmplase. Pido el apoyo del pueblo, de la unión cívico militar, de la calle”, afirmó Maduro, al firmar el decreto en un acto en las afueras del Panteón Nacional en Caracas.

Ante cientos de sus seguidores, el presidente socialista explicó que fue autorizado a emitir el decreto hace dos días por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le quitó esa facultad constitucional al Parlamento. Maduro justificó el decreto al asegurar que en Venezuela “no hay una Asamblea Nacional”, sino un “foro político que funciona en desacato”.

Acompañado por grupos de chavistas, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz llevó el documento firmado al TSJ.

La Constitución de Venezuela obliga al Ejecutivo a presentar ante la Asamblea Nacional el presupuesto de la nación del año siguiente antes del 15 de octubre del año anterior y por primera vez este documento será entregado a otra institución, en este caso al Supremo. “Esto es un presupuesto ‘de facto’, paralelo. La sala asume la función que solo puede ejercer quien representa al pueblo, o sea la Asamblea”, que debe ejercer el control de las finanzas, dijo el constitucionalista José Ignacio Hernández. La oposición venezolana, que por primera vez en 17 años controla el Parlamento del país, rechazó esta sentencia que calificó de “inconstitucional”. Se trata de un nuevo choque del profundo conflicto de poderes en que está empantanado el país desde que la oposición asumió el control de la Asamblea. El presupuesto fue firmado por un monto de más de ocho billones de bolívares y estimado con ingresos petroleros de 30 dólares por barril.