Peculado. Es el segundo juicio que afrontará el exvicepresidente Jorge Glas condenado por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht.

Con el exvicepresidente Glas fueron llamados a juicio el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli quien será juzgado por sexta ocasión, el exministro de Energía No Renovable Wilson Pástor, su hija Silvana y otras 11 personas.

El juez nacional Iván Saquicela consideró que es necesario que el caso vaya a juzgamiento porque, del análisis de los elementos presentados por la Fiscalía, todos contribuyeron con sus actos para que se cometa el delito de peculado.

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Saquicela hizo su anuncio durante la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio que se suspendió el 26 de septiembre para la deliberación.

El supuesto ilícito se habría cometido en la irregular adjudicación del contrato de exploración y explotación del bloque Singue al Consorcio DGC. El juez ratificó las medidas cautelares para los procesados: para Glas y Pareja la prisión preventiva y para los demás la presentación periódica ante la autoridad.

El juez mencionó los elementos de convicción expuestos por la fiscal Diana Salazar durante la fundamentación de su dictamen acusatorio (incluidos informes periciales contable y de negociación petrolera).

Son esas evidencias las que llevaron al juez a concluir que existirían serios indicios de la infracción. Pero Saquicela no solo consideró los argumentos presentados por la fiscal.

Detalló los expuestos por cada uno de los sospechosos y determinó la responsabilidad que habrían tenido en la materialización de la infracción.

De Pareja dijo que como parte del Comité de Licitación Hidrocarburífera permitió que haya la negociación conociendo que habría un perjuicio para el Estado. El mismo razonamiento operó para Glas, exfuncionario recluido en la cárcel de Cotopaxi desde octubre de 2018. De María Espinosa dijo que tiene responsabilidad como funcionaria, pues tenía conocimiento jurídico, debía adoptar decisiones.

La justificación del secretario del Comité que tenía voz y no voto no fue aceptada y señaló su participación en el delito.

De los restantes procesados el juez dijo que tienen participación en diferentes momentos del cometimiento del delito.

Entre los elementos mencionados por el juez para sustentar su llamado a juicio se destacan el informe de Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal. Ese organismo, según el juez, llegó a conclusiones graves como que la adjudicación de Singue no procedía porque incumplía con las normas.

Según la Fiscalía el delito se habría cometido al realizar el cálculo de 33,5 dólares por barril de crudo para la explotación del bloque por 20 años, sin tomar en cuenta el 100 % de reservas probadas. El perjuicio para el Estado sería de 28,5 millones de dólares. El caso irá a la sala Penal para sorteo de un tribunal que sustanciará la etapa de juicio.

El exministro Pástor habló de “fraudes financieros contables” registrados en los peritajes. Lamentó que el juez no revisara los argumentos de los procesados. Paul Acaña, abogado de José Burgos, reiteró que sorprende la decisión porque no se hizo un análisis individualizado.