Hay fallas desde las bases legales. Las megaobras impulsadas por el gobierno del expresidente Rafael Correa destacan por errores de construcción más que por rendimiento. Las pocas que operan reportan irregularidades de las que nadie se hace responsable.

La hidroeléctrica más grande del país, Coca Codo Sinclair, es el ejemplo estrella. La empresa alemana TÜV SÜD evalúa el proyecto que tiene más de 7.648 fisuras. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, explicó que se analizan fallas técnicas para determinar el alcance de los problemas en la construcción que superó los 2.245 millones de dólares.

Dicho examen permitirá fijar el cobro de garantías a la empresa china, Synohidro, que construyó la central.

Esteban Albornoz, exministro de Electricidad y actual legislador gobiernista, justificó la situación y calificó de “exageradas” a algunas declaraciones. La Contraloría señala, sin embargo, que hay fallas que fueron cubiertas de hormigón y que una valoración completa requeriría quitar todo ese material de la casa de máquinas. Esa parte de la obra, conocida como el corazón de la planta, costó 1.010 millones de dólares.

Albornoz sostuvo que existe la tecnología suficiente para verificar las fisuras internas sin quitar el hormigón.

El caso Coca Codo resalta por el precio pero no es la única construcción cuestionable. En los sectores estratégicos hay problemas por edificaciones que no operan en toda su capacidad. La Refinería de Esmeraldas, la Terminal Marítima de Monteverde, la Planta de Licuefacción de Gas Natural de Bajo Alto, la Refinería del Pacífico y el Poliducto Pascuales-Cuenca son analizados por organismos internacionales por sus errores de construcción y precios elevados. En total, esas megaobras costaron más de 5.000 millones de dólares. 1.500 millones más de lo presupuestado.

Henry Yandún, expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, recordó que el gremio advirtió de las fallas civiles en los proyectos estatales. A sus ojos había anomalías desde los textos legales y reglamentos. Según contó a EXPRESO, las normas del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ignoran parámetros básicos para la correcta construcción.

A eso se suma el abuso de mecanismos abreviados y apresurados de construcción. El régimen especial, que se hace directamente desde una entidad pública sin controles previos, permitió que durante el gobierno anterior se apliquen más de 400.000 procesos sin que existan detalles de adjudicación.

Silvana Vallejo, titular de Sercop, anunció -en agosto- que se trabaja en una reforma legal para corregir las inconsistencias y vacíos legales que permiten un descontrol en la adjudicación de obras.

Otras obras con irregularidades

Inundaciones

La Plataforma Financiera es una de las construcciones más imponentes del norte de Quito. Su infraestructura, aunque gigante, no puede resistir el peso de las bodegas del Banco Central. El banco no se mudó al nuevo edificio.

Desde su inauguración, la plataforma sufrió de inundaciones por las lluvias.

Incompletas

Los complejos judiciales que impulsó el anterior gobierno no cuentan con todos los accesos como gradas y rampas. Estas obras, según denunció el actual Consejo de la Judicatura, fueron supervisadas por familiares del extitular de ese organismo, Paulo Rodríguez Molina.