Día clave en la trama de corrupción de Odebrecht. A las 15:00, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, anunciará si las 13 personas investigadas por asociación ilícita van a juicio o no.

Jorge Glas, vicepresidente sin funciones y preso en la cárcel 4 del norte de Quito, encabeza la lista de sospechosos. Con él, están también su tío, Ricardo Rivera, detenido en Guayaquil, y el excontralor, Carlos Pólit, prófugo en Miami, entre otros.

El fiscal general, Carlos Baca Mancheno, está seguro que la comisión del delito está probada. Fundamentó esa certeza durante los cuatro días de audiencia preparatoria.

Él tiene 26 indicios para asegurar que cada uno de los 13 procesados cumplió un rol específico. La investigación, al igual que otras abiertas en los 12 países señalados por la entrega de coimas de Odebrecht, partió de las revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esa información llegó al país a través de la asistencia penal. Allí se detalló el esquema de pagos corruptos en Ecuador, entre 2006 y 2017: la constructora habría entregado 33,5 millones de dólares a funcionarios públicos para acceder a contratos.

El beneficio de la compañía por esos pagos fueron más de 116 millones de dólares, según la asistencia. Ese fue el primero de los 26 argumentos del fiscal.

Se sumó el informe del reconocimiento de lugares, objetos e indicios recopilados con el Sai Bank. Eso le sirvió a la Fiscalía para establecer la supuesta ruta del pago de coimas.

La pericia completa de información del delator de Odebrecht, José Conceição dos Santos, exejecutivo de la empresa, con todos sus anexos, fue otra evidencia citada por el fiscal.

Una segunda asistencia de EE. UU. reveló a la Fiscalía transferencias, montos, códigos y beneficiarios de la red. La mención al código ‘tío’, la cantidad transferida y las empresas beneficiarias se repitieron, al menos, cuatro veces.

EXPRESO accedió al documento y publicó un reportaje el 5 de octubre. Una de las transferencias fue el 14 de julio de 2014 por 300.000 dólares por Manduriacu, a ‘tío’, empresa Fernhead Holding Inc. Hubo otras por 150.000, 234.000 y 250.000 dólares a Glory.

Glory y Fernhead son dos de siete empresas cuyos pagos se relacionan con proyectos estatales. Hubo desembolsos a ocho compañías ‘offshore’ con código ‘primos’, ‘bambi’, ‘professor’, ‘portugués’ ‘Miami (Pólit)’ por los proyectos Pascuales-Cuenca, Daule-Vinces, Manduriacu, Acueducto La Esperanza y Refinería del Pacífico por montos de entre 150.000 y 548.000 dólares.

La información de EE. UU. es uno de los elementos que integra la doble vía para afirmar que hubo sobornos, según el fiscal. La otra es la asistencia de la Procuraduría de Brasil. Además, se adjuntan los cinco contratos cuestionados, versiones, testimonios y autorizaciones.

Mientras el fiscal espera el llamado a juicio, los defensores aspiran a un sobreseimiento. Aníbal Quinde, abogado de Rivera, dijo que el juez debe emitir un sobreseimiento declarando que los hechos no constituyen la asociación ilícita.

Víctor Velástegui, defensor de Ramiro Carrillo, está seguro que la Fiscalía no tiene elementos para el delito de asociación ilícita y lo que debería hacer es dictar el sobreseimiento “para que hagan lo que siempre se debía hacer, investigar en delitos separados”. Él insiste en que el momento en que liberó del proceso a Santos y a Odebrecht, el fiscal actuó mal y eso genera que su teoría no tenga fuerza.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la resolución del juez sobre el llamamiento a juicio debe seguir, al menos, cinco pasos.

Datos

Los acusados

Fueron investigados Ramiro Carrillo, Édgar Arias, Diego Cabrera, Carlos Villamarín.

Venezolanos

Alexis Arellano y Freddy Salas, relacionados con PDVSA, también fueron acusados.

Procesados

Completan la nómina de acusados Képler Verduga, José Terán y Gustavo Massuh.