El escenario se complica. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña enfrenta observaciones de las autoridades y asambleístas. Todos piden aclaraciones sobre el supuesto cobro de ‘diezmos’ a sus colaboradores mientras fue asambleísta, en 2011 y 2013. Ella responde con acusaciones a Andrés Páez y “a los correístas”.

La Fiscalía General soltó la primera alerta. Su titular subrogante, Ruth Palacios, iniciará una investigación de oficio. Ella acudirá a la Notaría en la que el excolaborador de Vicuña presentó su declaración juramentada para recoger información.

La Fiscalía podría solicitar, también, una certificación sobre el propietario de la cuenta bancaria donde se asegura que se hicieron los depósitos de entre 300 y 1.400 dólares.

A la investigación previa de la Fiscalía se suman actividades del señalado por la vicepresidenta. El excandidato a la Vicepresidencia, Andrés Páez, presentó ayer a las 15:30, una denuncia en la Fiscalía.

El ruido de las denuncias se sintió también en la Asamblea. Los grupos legislativos coinciden en que el caso empaña al Gobierno de Lenín Moreno.

La asambleísta guayaquileña del movimiento FE, María Mercedes Cuesta, considera que antes de acusar se deben analizar las pruebas. Sin embargo, reconoció que si las denuncias son reales debe existir una sanción contra Vicuña.

Un camino es la destitución o la renuncia. Luis Fernando Torres, legislador ambateño, explicó que no cabe la figura de juicio político porque las presuntas irregularidades provienen de actos previos a su rol de vicepresidenta. De todas formas, aclaró, se puede iniciar una investigación desde la Comisión de Fiscalización.

Paola Vintimilla, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), ve otro obstáculo para el enjuiciamiento político. Según explicó a EXPRESO, se necesita un pronunciamiento de la Corte Constitucional para proceder en contra de la segunda autoridad del Ejecutivo. Dicha Corte, sin embargo, no existe y no existirá en el corto plazo.

No es la única acción que puede desarrollar la Asamblea. Ana Galarza, asambleísta de CREO, asegura que se puede preparar un exhorto para que el presidente Moreno pida la renuncia de la funcionaria.

Vicuña llegó hasta la Vicepresidencia por votación de la Asamblea, luego de los casos de corrupción que rodearon al ahora encarcelado exvicepresidente Jorge Glas.

Entre los 70 votos a favor de ese nombramiento estuvo el de Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática. Ella dijo a este Diario que la Fiscalía debe investigar el caso. Desde la Asamblea, precisó, se debe “exigir que los entes jurisdiccionales asuman con brevedad”.

Dentro del Gobierno también hay cautela. El presidente Moreno dijo que deja a las autoridades competentes que hagan la investigación del caso.

La defensa llegó cinco horas y media más tarde de lo ofrecido. En declaraciones a la prensa, donde no aceptó preguntas, Vicuña dijo que el denunciante fue un colaborador cercano que amenazó con “forjar la denuncia” sino era nombrado gobernador de Zamora o director del IESS en esa provincia.

También dijo que desde el lunes pasado notarizó los chats con Polivio Sagbay. Adelantó que iniciará acciones legales contra su excolaborador.

Según la vicepresidenta, la denuncia es financiada por Páez y sus examigos correístas. Incluso mencionó a la exasambleísta Sofía Espín como mensajera de las amenazas.

La denuncia

El denunciante

Ángel Polivio Sagbay presentó la denuncia en contra de la hoy vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por el cobro de cuotas entre 2011 y 2013.

Gestión

María Alejandra Vicuña fue asambleísta de Alianza PAIS durante el periodo de la denuncia. Ella respaldó la gestión del expresidente Rafael Correa.

Ataques

Los integrantes del correísmo, incluido Correa, acusan de traidora a Vicuña y aseguran que el plan de denunciarla viene del propio Gobierno.