La Corte Constitucional dio un ‘espaldarazo’ a la libertad de expresión. Este mes, los jueces del organismo publicaron una sentencia que revoca dos sentencias dictadas, en 2012, contra diario La Hora. La resolución constitucional establece que “el Estado, así como las instituciones y personas jurídicas públicas que lo conforman, no son titulares del derecho al honor”. Lo dicho, en palabras del director del medio de comunicación, Francisco Vivanco, marca un antes y un después en la comunicación del Ecuador, tras diez años del atropello del expresidente Rafael Correa.

- ¿Cómo se recibe una sentencia de la Corte Constitucional que echa abajo el modelo de presión -con rectificaciones, réplicas y aclaraciones arbitrarias- que instaló el correísmo contra los medios de comunicación?

- Nosotros no hemos querido tomarlo de forma individual. La Corte Constitucional clarificó todo el problema de la libertad de expresión. La sentencia, que es amplia y muy bien trabajada, rescata elementos que estaban perdidos. Uno es, por ejemplo, el respeto del país a los acuerdos internacionales sobre libertad de expresión. Durante diez años se habló de esa libertad como un servicio público que debe estar sujeto a los intereses del Estado. La Corte aclara ese alcance y plantea nuevas alternativas. Debemos tomar en cuenta que no se ha desmontado el aparataje correísta desgraciadamente.

- ¿La sentencia es limitada?

- Esta sentencia se limita a la descripción del derecho de la información y a la limitación que tienen los funcionarios públicos para entender lo que es la libertad de expresión. Tiene párrafos muy importantes respecto a que los funcionarios públicos son sujetos a un escrutinio mayor. Creo que ese es el gran aporte positivo y en ciertos aspectos me parece más importante que las mismas reformas que se hicieron a la Ley de Comunicación.

- ¿Se quedaron cortas?

- La ley tiene una serie de normas que son restrictivas no solo con la libertad de expresión, sino con todos los derechos. Todos tienen un eje que es precisamente la libertad de expresión.

- Los medios se enfrentaron con acciones y demandas al Gobierno anterior. ¿Hubo el temor de que este tipo de sentencias jamás lleguen?

- Hay cosas que destacar. Creo que no todos los medios se enfrentaron, muchos no lo hicieron. Muchos no publicaron lo que ahora, con otro gobierno, se está confirmando sobre los actos de corrupción.

- ¿Qué los motivó a demandar cuando estábamos dentro de un gobierno que manejaba las cortes y toda la justicia?

- Nosotros pasamos de las 40 demandas. El criterio nuestro siempre ha sido llegar hasta las últimas consecuencias y todavía tenemos causas pendientes. Sin la presión del Ejecutivo, que en diez años tuvo secuestrada a la justicia, esperamos que las acciones en marcha sean favorables.

- ¿La sentencia no abre la puerta para un libertinaje?

- De ninguna manera. Nosotros planteamos una libertad de expresión con responsabilidad. Los medios tenemos que ser cada día más prolijos con la información porque sabemos que puede hacer daño. Hay que usarla con la misma precaución que un bisturí.

- Hablando de la estructura correísta que se mantiene. ¿Por qué no se ha cambiado todo el aparataje contra la libertad de expresión en este Gobierno?

- La libertad de expresión afectada en una década no se limita a la persecución a periodistas y medios, se hizo daño a miles de familias que tenían radios y medios de comunicación que ahora están cerrados. Hay que reconocer el esfuerzo y la actitud del gobierno de Lenín Moreno, pero todavía hay un orden legislativo que tiene una mayoría -resentidos o no- con una tendencia correísta. El resto de cambios no se pueden buscar en ese escenario.

- Si el escenario se mantiene, ¿el próximo Gobierno podría atacar con las normas vigentes a los medios de comunicación?

- Ahora tenemos un sistema político que más o menos permite y facilita la libertad de expresión, pero también tenemos un sistema legal en donde sigue siendo un servicio público y, entonces, seguimos bajo el control absoluto del Estado. Eso no ha cambiado.

- ¿Usted le cree a los asambleístas que aseguran que se olvidaron de retirar el artículo que convierte a la comunicación en un servicio público?

- Son definitivamente rezagos del correísmo los que impidieron ese cambio. Si había algo que cambiar era eso.

- ¿Qué más no se ha desmontado en el actual Gobierno?

- Quién invierte en un medio de comunicación está limitado y no puede tener otra actividad. El sistema correísta perseguía no solo a periodistas y medios, perseguía a familias. Generó miedo.

- ¿Ese miedo persiste?

- Creo que sí. No en los medios, sino en los ciudadanos que fueron afectados.

- Esa afectación dañó la imagen de los medios, ¿la ciudadanía recuperó la confianza?

- En parte. Hay cosas más graves que se han ido descubriendo. La asignación de frecuencias, que fue un pilar de ataque frecuente del Gobierno anterior, terminó en una concentración aún mayor. Esa es una herencia en la que el Gobierno actúa de manera tibia.

- El desfile de titulares de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones da cuenta de tibieza...

- Ese es un problema grave.

- ¿Qué hacer ante respuestas tibias, tareas pendientes y la estructura heredada?

- Los medios deberíamos implementar una acción constitucional para desarmar toda esta serie de limitaciones para el ejercicio real de la libertad de expresión. Creo que la sentencia de la Corte da el marco teórico excepcional.

- ¿Y si el próximo Gobierno vuelve a ser correísta? Hay interesados que ya se presentan como binomio de Rafael Correa.

- Sería realmente trágico. No le veo una salida porque en el manejo de medios hay problemas empresariales que se arrastran diez años. Es necesario un cambio global, se necesita un compromiso mayor de todos los sectores.