Francia adhirió ayer al grupo de países europeos que sancionan a los clientes de las trabajadoras sexuales, una medida que ha sido objeto de debates y divide tanto a la clase política como a las asociaciones de ayuda a las mesalinas.

El texto, aprobado en la Asamblea Nacional, establece que “la compra de actos sexuales” será sancionada con una multa de € 1.500, y de hasta € 3.500 en caso de reincidencia.

Se prevé además la posibilidad de una pena complementaria, también nueva, consistente en una formación obligatoria para concienciar sobre las condiciones de la prostitución.

Todos los países europeos castigan el proxenetismo pero Francia es solo el quinto en penar también a los clientes, después de Suecia, Noruega, Islandia y el Reino Unido. AFP