Fiscalizacion roza lo inaudito
No habrá juicio político contra el superintendente de Bancos. En una sesión cuajada de eventos extrañísimos la Comisión de Fiscalización lo dejó en el limbo.
Otro juicio político se frustró en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El superintendente de Bancos, Christian Cruz, acusado de omitir los controles sobre las actividades financieras del IESS y permitir que la deuda de 2.521 millones de dólares que mantiene el Estado con ese organismo se evaporara de los balances, se salvó ayer por un pelo: no irá su caso al Pleno de la Asamblea. El informe en su contra estaba listo pero, a la hora de votar, un grupo de correístas y oficialistas se echó para atrás. Su suerte, ahora, depende del Consejo de Participación Ciudadana.
Cosas raras ocurren en este órgano legislativo que, según el proponente del juicio, Raúl Tello, ha pasado “de comisión de archivo a comisión de limbo”. Ya es bastante raro que un informe aprobado por el equipo técnico de la Comisión, elaborado por los asesores y consensuado entre los miembros termine siendo rechazado. Es aún más raro que la persona que mocionó la aprobación del informe, el morenista Daniel Mendoza, terminara votando en contra. Pero lo de la correísta Lira Villalba ya es rarísimo. Ella pidió incluir, entre las conclusiones, una que específicamente afirmara que el superintendente de Bancos incumplió sus funciones. Y a la hora del té votó en contra con el argumento de que no se pudo demostrar incumplimiento de funciones.
¿Quién lo entiende? No, ciertamente, Raúl Tello. Él cree que estas rarezas justifican de sobra la reestructuración de la Comisión, cosa que pretende proponer hoy al Pleno. Tampoco la presidenta, María José Carrión. Ella votó a favor del informe, lo defendió de una extraña propuesta de Lira Villalba y terminó preguntándose por “las motivaciones personales” de quienes votaron en contra.
Lo de Villalba fue raro por partida doble: no solo ayudó a perfeccionar el documento para luego mandarlo por un caño sino que presentó una propuesta francamente traída de los pelos: quiso que en el texto de un informe cuya conclusión apuntala la tesis de la responsabilidad política del superintendente, se incluyera su lectura jurídica del caso, según la cual el superintendente es inocente. Carrión la convenció (¿o no?) de que tal requerimiento era imposible de satisfacer.
La Comisión se instaló con 40 minutos de retraso, dedicó dos horas a la lectura de 70 de las 105 páginas del informe y prescindió casi por completo del debate. Raúl Tello decidió no decir esta boca es mía en toda la sesión, a pesar de que seis de las ocho causales de destitución por él propuestas habían sido desechadas. Apenas un puñado de asambleístas razonaron su voto.
Faltó un voto para aprobar el juicio político. Tello, Carrión, Jimmy Candell, Homero Castanier, Silvia Salgado y Ramón Terán votaron a favor. Villalba y Mendoza, en contra. Se ausentaron los correístas Sofía Espín, cosa que ya no sorprende a nadie, y Hermuy Calle. Se abstuvieron dos morenistas: Karla Cadena y Euro Torres, asambleísta alterno que Kharla Chávez manda en su lugar cuando se trata de dejar un juicio político en el limbo.
Ya son tres los procesos de fiscalización que concluyen sin informe (el del exvicepresidente Jorge Glas y el del Consejo de la Judicatura fueron los primeros). Pero ninguno tan extraño e incomprensible como este.
El CAL no cumplió plazo
El Legislativo se tomó su tiempo para evacuar el trámite del juicio. El asambleísta Raúl Telló presentó su solicitud el 22 de noviembre de 2017. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tenía solo tres días para calificarla pero no cumplió ese plazo. El proceso fue calificado recién en junio cuando el Consejo de Participación inició la evaluación del funcionario.
