Fiscalizacion no tiene nada contra el contralor
La única prueba de inconstitucionalidad era un video de TV. Celi tardó dos minutos en demostrar que lo habían entendido mal.
Pablo Celi, contralor subrogante, se comió a la Comisión de Fiscalización. El grupo de correístas radicales de la línea belga quiere llevarlo a juicio político por haber emprendido, dicen ellos, una auditoría de gestión a la deuda pública. Y eso (la auditoría de gestión) fue excluida de las funciones del contralor en las reformas constitucionales de 2015. Ayer concurrió a dar explicaciones. Lo que nadie esperaba (quizá él sí) es que la única prueba que tenían en su contra era una entrevista de televisión. A Celi le tomó dos minutos demostrar que la habían entendido mal.
Aun así la sesión duró más de cinco horas. El contralor había ingresado a la sala de sesiones con puntualidad británica y la impecable elegancia en el traje propia de los comunistas que llegan a gozar de un sueldo de ministro. El tedio de la tarde fue mitigado con espectáculo de asambleístas en pugna: hubo show suficiente para llenar diez crónicas; apelación a la presidencia de la mesa; palabras subidas de tono y exhibición de trapos sucios.
Celi llevó los documentos que la Comisión debió estudiar para evitar el ridículo: el acuerdo oficial de la Contraloría en el que se argumenta la decisión de auditar la deuda y la orden de trabajo para el equipo encargado de hacerlo. En ellos se explica que la operación no es una auditoría de gestión, sino un examen especial.
Súbitamente impactada ante lo inaudito, la presidenta María José Carrión lo interrumpió para pasar el video de la entrevista en que tenía depositadas todas sus esperanzas. Y sí, ahí Celi dice que la reforma constitucional que impide a la Contraloría ejecutar auditorías de gestión es “inaplicable” (de hecho el organismo recurrió al Tribunal Constitucional para derogarla). Pero esa afirmación, para cualquier espectador que no sea un correísta de la línea belga, no tiene relación con la auditoría de la deuda.
Celi se quitó el video de encima y enterró en papeles a sus fiscalizadores. Leyes orgánicas, acuerdos internacionales, códigos, reglamentos internos, manuales de procedimiento... Le tomó dos horas que desesperaron al correísta Hermuy Calle. “¿Cuánto tiempo más va a tardar?”, estalló descomedidamente. Fue la misma presidenta quien le explicó que una autoridad en ejercicio de su defensa puede tomarse el tiempo que le venga en gana.
Llegó el tiempo de réplicas y preguntas de los asambleístas. Y como no tenían, francamente, nada que decir con respecto al tema de la convocatoria (la inconstitucionalidad de las auditorías de gestión) procedieron a barajar cuestiones diversas que no venían a cuento. Fue memorable contemplar a los correístas rasgándose las vestiduras por las trafasías del excontralor Carlos Pólit, con el ánimo de transferirlas a su subrogante. ¿Cuál es su responsabilidad en la evaporación de las glosas a Odebrecht? ¿Qué función cumplía usted cuando se auditaban los negocios de Petroecuador? ¿Puso en conocimiento de las autoridades las responsabilidades administrativas, penales y civiles encontradas? ¿Qué firmó? ¿Qué no firmó? Incluso hubo uno (el mismo impaciente Hermuy Calle) que puso en duda la legitimidad del cargo de Celi y sugirió el cometimiento de un delito: arrogación de funciones.
La tensión se incrementó cuando Raúl Tello decidió lanzar el tiro al aire más vistoso de la tarde: impugnó la presidencia de la sesión. Según él, Carrión se negaba a conceder la palabra a los de oposición, cosa que, hay que decirlo, no era cierta. Perdió aparatosamente. Carrión se negó restregándole una glosa por 500 mil dólares que le puso la Contraloría por unas obras con presuntas irregularidades de cuando era alcalde del cantón Pastaza.
La sesión terminó con el contralor hablando de lo que el correísmo duro no quiere oír: el escándalo de la Refinería Esmeraldas. Tanto se fueron por las ramas los propios oficialistas que le dieron ese chance. “Invítenme, por favor, para exponer detalladamente todas las irregularidades encontradas”: Variación de costos, incrementos injustificados, subcontratación ilegal, incumplimiento de normas de calidad, aceptación de presupuestos sin soportes técnicos... Significativo silencio oficialista. El segundo asalto quedó para el miércoles de la próxima semana.
El caso sigue
La comisión no dará tregua a Celi
Los intentos del correísmo de línea dura por llevar a juicio político al contralor subrogante no terminan aquí. Aunque el tema de la auditoría de la deuda pública se le fue de las manos, los integrantes de la Comisión de Fiscalización encontraron nuevos pretextos para llamarlo. Lo anunció, dos veces, la presidenta María José Carrión, que lo quiere sentado ahí el próximo miércoles.
Los temas van desde la legitimidad de su nombramiento hasta su actuación en el caso Odebrecht, que él ya explicó: “Estaba fuera del país por cuatro años”.
El detalle
Invitada. A la sesión asistió Melina Herrera, una ciudadana que desempeñó el papel de asambleísta por un día: una nueva propuesta de participación. Le tocó la sesión más maratónica.
