Una fiscalia negligente

Para que esté claro: negligente es aquel que no pone cuidado, aplicación y diligencia en el cumplimiento de lo que hace, de manera especial en el cumplimiento de lo que son sus obligaciones. Y eso es lo que está ocurriendo en el ejercicio de su alto cargo por parte del actual fiscal general del Estado. No ha sido cuidadoso, ni diligente en el cumplimiento de sus deberes.

En efecto, pese a que la Fiscalía, por mandato constitucional (artículo 194 y siguientes) es un órgano autónomo de la Función Judicial, al igual que esta, en muchos casos más bien actúa como dependencia sometida a la voluntad y deseos de la Función Ejecutiva, a despecho de que el aludido artículo la consagre como autónoma administrativa, económica y financieramente.

Pareciera que resulta indispensable, aunque a primera vista pueda resultar innecesario por sobreentendido, que debería constar en una potencial reforma de la Carta Magna que la Fiscalía es también políticamente autónoma para, al menos, tener razones de origen constitucional para no sentirse obligada a que su actuar o dejar de actuar esté condicionado por razones político-partidarias.

En cuanto a la ausencia de diligencia que ha permitido que ahora estén en condición de prófugos muchos funcionarios públicos inmersos en actos de corrupción, cabe recordar que la Constitución establece que “la investigación preprocesal y procesal penal ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas”.

Ello no ha ocurrido así en múltiples casos. Precisamente en el relacionado con los sobornos de Odebrecht, el país tiene la sensación de que todo se ha convertido en un sainete invertido, en el que las autoridades se ríen de la opinión pública mientras dilatan su esclarecimiento y mantienen avergonzado al Ecuador, cuya Fiscalía se abstiene de acusar a los presuntos infractores pese a todas las evidencias, al tiempo que en otros países ya se han capturado o emitido órdenes de captura para someterlos a juicio.

Siendo por lo demás, reiteradas las reclamaciones sobre su capacidad para conducir la lucha contra el delito y de modo especial respecto de aquellos vinculados con actos de corrupción, bien haría la Fiscalía en proceder a profundas rectificaciones.