La Fiscalía desenreda la madeja de la corrupción en el país y los hilos se extienden a varios sectores y alcanzan a actores de alto rango.

De los esporádicos expedientes abiertos en la administración del exfiscal Galo Chiriboga, como los iniciados en contra del exministro del Deporte Raúl Carrión, la exasambleísta de PAIS, Esperanza Galván, o el exalcalde de Riobamba Juan Salazar, ahora los casos se han multiplicado.

Tanto que el fiscal Carlos Baca Mancheno ha debido integrar una nueva unidad investigativa con 11 fiscales, especialistas y técnicos en diferentes áreas. En el grupo de ‘fiscales de tarea’ hay técnicos en petróleos, seguros, finanzas, lavado de activos, contratación pública, dijo ayer el fiscal en una entrevista radial.

El grupo se suma a unidades como la de Lucha contra la Corrupción y de Delitos Aduaneros creadas por la administración de Baca.

“Hemos logrado investigar e identificar al menos cerca de 40 casos adicionales que podrían tener condiciones particulares de interés de investigaciones por la gravedad, lesividad de los hechos” señaló ayer el fiscal en una entrevista radial.

Y esos casos son en la jurisdicción de la Fiscalía General. Esos podrían ser considerados emblemáticos “en donde hay enorme perjuicio al Estado”, indicó el fiscal. Ellos son adicionales a los que se abrirán producto de la asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht que permitió la condena de seis años de cárcel para el vicepresidente sin funciones Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y tres personas más. En provincias se registrarían otros 120. La Fiscalía informó a EXPRESO que aún no dispone del desglose de esa información.

El juez Édgar Flores, presidente del Tribunal Penal que condenó el miércoles a Glas y otras siete personas a penas de seis años y 14 meses de cárcel por la trama de sobornos de Odebrecht dispuso abrir ocho investigaciones por cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, lavado de activos, tráfico de influencias, delincuencia organizada y testaferrismo.

El fiscal recordó que el pedido del juez afronta una dificultad: la exigencia de informes de Contraloría para iniciar investigaciones por peculado y enriquecimiento ilícito.

Para sortear ese inconveniente, Baca ve la necesidad de la derogatoria de parte del numeral 3 del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma dispone que para el ejercicio de la acción penal por peculado y enriquecimiento es un presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría.

Mientras la exigencia siga vigente, a la Fiscalía le será imposible investigar esos delitos en el caso Odebrecht, como sugirió el fiscal.

Hasta tanto, lo que va encontrando la Fiscalía en sus investigaciones en diversos ámbitos sería tan grave que Baca señaló que “el país podría resultar espeluznado de ver la cantidad de recursos de los ecuatorianos que han sido víctima de infracciones penales”.

Sospechosos

Funcionarios

La corrupción ha alcanzado a altas esferas del poder del expresidente Rafael Correa. Sus exministros de Electricidad, Alecksey Mosquera, de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, de Sectores Estratégicos y vicepresidente Jorge Glas se han visto involucrados en procesos judiciales por corrupción.

Gerentes

La trama de corrupción envolvió al menos a cuatro de los exgerentes de Petroecuador durante el Gobierno del exmandatario. Marco Calvopiña, Álex Bravo, Carlos Pareja, Ramiro Carrillo, son cuatro investigados y sentenciados por delitos contra la administración pública cometidos en la estatal.

Prófugos

A los exfuncionarios enjuiciados y sentenciados por corrupción se suman los que están prófugos. Encabeza la lista de fugados el excontralor del correísmo Carlos Pólit enjuiciado por concusión. El exministro de Industrias Ramiro González, el exministro de Transporte y Obras Públicas Walter Solís, entre otros.