Ya era escandaloso que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, estuviera implicado en un caso de obstrucción de la justicia. Ahora ha caído preso por supuesta delincuencia organizada. Ya era escandaloso que el concurso para elegir jueces de la Corte Nacional estuviera plagado de irregularidades y respondiera a una agenda política oculta pero reconocible. Ahora resulta que el asalto al máximo tribunal de la justicia ecuatoriana también podría responder a los intereses del crimen organizado. Lo que acaba de ocurrir en el país es enorme: el operativo Metástasis, efectuado por la Fiscalía, puso al descubierto toda la podredumbre del sistema político y judicial ecuatoriano y no puede dejar indiferente a nadie: ni a la Corte Nacional de Justicia, dos de cuyos integrantes se encuentran involucrados en las investigaciones; ni a la Asamblea Nacional, que pretende enjuiciar a la fiscal y cuya principal fuerza política se puso del lado de los narcos; ni al gobierno, cuyos proyectos de seguridad, si bien indecisos e incipientes, se vuelven impracticables en medio de semejante lumpenización de las instituciones públicas.

Alarma primera: desde Bélgica, el expresidente prófugo, Rafael Correa, alertó a los implicados y trató de boicotear el operativo de la Fiscalía: “Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada un allanamiento nacional grande”, tuiteó el miércoles a las 11:31. ¿Con qué propósito? ¿Para que ocultaran evidencias? Está claro que el prófugo tiene una red de topos infiltrados en los organismos del Estado (topos contra los cuales el expresidente Guillermo Lasso, en su ingenuidad o su torpeza, no quiso mover un dedo para no aparentar una cacería de brujas) y que le proveen información que utiliza, en este caso, con fines de obstrucción de la justicia, en complicidad con los involucrados en un caso de narcotráfico. Así de grave es este asunto. Un nuevo delito podría sumarse a la lista larga de los cometidos por el expresidente. Con un agravante de consideración: se trata del principal aliado político del gobierno de Daniel Noboa, con quien el presidente de la República ha firmado un pacto de gobernabilidad cuyos objetivos se mantienen en secreto. ¿Se encuentra el asalto a la Corte Nacional de Justicia entre ellos? ¿La destitución a la fiscal Diana Salazar? Estas preguntas ya eran motivo de preocupación nacional antes de que se supiera que el narcotráfico estaba involucrado en el asunto. Ahora que se sabe, ¿qué piensa hacer el presidente Noboa? ¿Poner una nota de protesta ante el gobierno de Bélgica, que mantiene al prófugo en condición de refugiado? ¿Mantener el pacto con él después de que se puso en evidencia? ¿Abrir su juego?

Alarma segunda: una de las personas que participaron en las negociaciones que llevaron a Wilman Terán a la presidencia del Consejo de la Judicatura es, precisamente, aquella a quien el presidente Daniel Noboa acaba de entregar el viceministerio de Gobierno, nada menos: el socialcristiano Esteban Torres. En la Legislatura pasada, cuando era coordinador de su bancada, él fue sorprendido por una cámara de vigilancia mientras entraba en una reunión secreta con el entonces presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y el primo de este, el todavía presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Una reunión, se supo, para conspirar contra el Consejo de la Judicatura de ese entonces. ¿Está satisfecho el presidente de la República con ese nombramiento? ¿Piensa compartir información sobre su plan de seguridad con su nuevo viceministro?

Alarma tercera: en la Asamblea Nacional, el correísmo quema etapas y se aproxima rápidamente al juicio político a la fiscal. Abrieron esa posibilidad los votos del socialcristianismo y de la propia bancada oficialista en el Consejo de Administración Legislativa: ellos admitieron a trámite la solicitud de juicio a pesar de que no cumplía los requisitos. Resulta políticamente impresentable que el poder Legislativo se dedique a procesar a la fiscal, con la amenaza de destituirla, mientras ella mantiene abierto un caso de narcotráfico que involucra al presidente del Consejo de la Judicatura, jueces y funcionarios judiciales. Mientras tanto, el presidente Henry Kronfle se hace acompañar e incluso introduce nada menos que al palacio de Carondelet a su nuevo asesor nebotista, el exlegislador Pablo Muentes, reconocido en el mundillo judicial del Guayas como uno de los mayores beneficiarios de ese sistema de corrupción que opera desde el Consejo de la Judicatura de esa provincia y que está en la mira de los investigadores del caso Metástasis. ¿Se conduele de la nueva situación el presidente de la Asamblea? ¿Piensa actuar en consecuencia?

De la Asamblea, se sabe, se puede esperar lo peor. Desde que llegó a estar dirigida, aunque fuera temporalmente, por uno de los personajes que remojaron sus michelines en la narcopiscina de Miami, el exintegrante de los Latin Kings Ronny Aleaga, a ese organismo corresponde la principal cuota de responsabilidad en la lumpenización de la política. Pero es que ese cáncer (y el nombre de Metástasis imaginado por la fiscal general para bautizar el caso no podía ser más gráfico) se expande por todos los poderes del Estado y no parece dejar incólume organismo público alguno. Hasta ayer, los ecuatorianos sabíamos que afrontábamos un grave problema de corrupción política. A muchos, al parecer les daba lo mismo. Ahora ha quedado claro que esa corrupción política viene de la mano con el narco. Esto se cae a pedazos. A partir de ahora, toda indolencia es un crimen.