En el piso 11 del Banco del Pacífico, en 1997, Marcel Laniado dejó grabado otro de sus conceptos en mi memoria y en mi forma de vivir. Me dijo muy simple: “Quien maneja tu chequera, maneja tu vida”, y la vida luego ratificó esa frase como verdadera.

Por eso, ante los inquietantes movimientos revolucionarios de Chile, Bolivia y Ecuador viene esa pregunta de ¿quién los está financiando? Todos suponemos que armar células revolucionarias, capacitarlas, adoctrinarlas, mantenerlas operativas, sacarlas a manifestaciones, alimentarlas y dirigirlas a los niveles que hemos visto, tiene un inmenso costo.

No hay hoy otro asunto por resolver más importante para nuestras frágiles democracias y devastadas economías en que nos ha dejado el populismo del siglo XXI. América Latina es el sendero del tráfico de drogas ilícitas y todos los delitos que se derivan de ella, con el incremento de la violencia, la inseguridad, sus efectos para la gobernabilidad y seguridad jurídica, con sus brazos de narcoterrorismo, narcojusticia y narcopolítica que asechan a un país que está en el centro de Colombia, Perú y Bolivia, los más grandes productores de drogas del mundo.

Las sospechas de los recursos ilegítimos en los gobiernos de Chávez-Maduro, Ortega, Evo y Correa, o de funcionarios a su mando, nos permiten alarmarnos más. Esta economía mafiosa genera en la región, según estudios de la DEA, 300.000 proveedores de materia prima: coca (200.000 has), amapola (1.500 has) y marihuana (1.000 has), y según reportes de la Oficina de Drogas y Crimen -ONU, genera ganancias anuales de 650.000 millones de dólares. Si nos enfocamos en nuestro país, la salida de la base de Manta, el caso de Angostura, los nuevos decomisos de drogas, las detenciones de miembros de la fuerza pública, los carteles operativos, los contactos denunciados en el juicio del Chapo Guzmán, entre miles de señales más, evidencian que estamos ante un asecho descomunal. Nos queda repensar qué tipo de país queremos dejar a nuestros hijos y nietos, y cómo vamos a actuar al respecto.