El testigo cooperante, el narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, en el juicio penal que se sigue en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York al extraditado Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cártel de Sinaola, el más poderoso de México, en su declaración narró y sustentó la forma como el capo negociaba, por toneladas, la compra de cocaína con los proveedores colombianos y cómo estos movilizaban la “merca” a México. Lo sorprendente para Ecuador fue conocer con lujo de detalles algo nuevo, aunque ya sospechado, a través de Cifuentes: que el clorhidrato se transportaba desde la frontera colombiana a Guayaquil con el control y vigilancia de militares activos y en camiones de la institución. Incluso señaló que se pagaba la tarifa de $ 100 dólares por kilo acarreado, que eran cancelados al transportista, capitán de Ejército Telmo Castro Donoso. Además del despliegue marítimo internacional que comprometía a embarcaciones de Perú, Ecuador y México.

Lo destacado lleva a plantear las siguientes reflexiones: primera, que sociológicamente ninguna institución de un sistema social se encuentra protegida o “blindada” para no ser atacada o penetrada de manera disfuncional, o que genere conflictos, como señalaron Talcott Parsons y Robert Merton. Segunda, que la guerra a las drogas ha sido, es y será siempre una guerra perdida para un Estado democrático por las desigualdades e inequidades existentes a nivel global y la codicia que generan en algunos actores sociales las elevadas sobreganancias que produce esta economía subterránea. La cadena de valor, según Cifuentes por kilo: $ 1.000 el productor colombiano, $ 100 el transportista/militar ecuatoriano, $ 3.000 el vendedor en México y $ 11 mil El Chapo en EE.UU.; $ 8 mil dólares de utilidad por kilo. Tercero, una vez más, se ratifica la crisis y corrupción en la administración de Justicia del país, cuando el sentenciado ex-’Capi’ se encuentra en libertad condicional, después de dos detenciones y una condena. Destacan nuestra dependencia a las investigaciones periciales internacionales y las fallas de los jueces-CJ y delegados del Ministerio de Justicia.