Mientras la Fiscalía avanza con la investigación del caso de tráfico de armas, municiones y explosivos, que hasta ahora involucra a catorce personas, siete militares en servicio activo del Ejército con la provisión de balas al frente narcoterrorista colombiano Óliver Sinisterra de alias Guacho, el mando militar dispuso el inicio inmediato de auditorías y actualización de inventarios en las bodegas de todas las unidades de sus tres ramas: Ejército, Marina y Aviación.

El proceso comenzó hace días y se espera que concluya en este mes. El objetivo del recuento de las balas y demás materiales bélicos, entre ellos fusiles, ametralladoras, dinamita, pólvora y cordón detonante, es verificar que en las bodegas esté todo el material que consta en las actas y que no ha sido utilizado en las operaciones de control militar.

Son millones de municiones para fusiles FAL, HK, Galil y M-16, de calibre 7.62 y 5.56, las que tienen los cuarteles en sus bodegas, más de cien a nivel nacional, incluidas las que están en las divisiones, las brigadas, los batallones y las compañías especiales.

Las Fuerzas Armadas tienen un promedio de 600 municiones por cada uno de los 47.000 militares activos; es decir, un aproximado de 28 millones de balas para contar y verificar que estén en el lugar en que indican los documentos que son la base para las auditorías.

La recontabilización incluye a todo el material que inició el proceso de destrucción por haber terminado su vida útil que, en el caso de las balas es de entre cinco y siete años.

Según conoció este Diario, las Fuerzas Armadas hacen compras cada dos o tres años de municiones de diferentes calibres para cubrir sus necesidades. Una pequeña parte es utilizada en la preparación, a través de prácticas de tiro, y la mayor parte en las operaciones que se ejecutan nivel nacional para el cuidado de la seguridad interna y externa del Estado.

La dotación básica de un militar, cuando sale a operaciones, es de 200 balas de fusil. En los últimos años, una buena parte de las municiones de calibre 5.56 han sido utilizadas en los patrullajes de control de la frontera norte en la que había, hasta fines de enero pasado, unos 7.000 hombres armados, pero que a partir de entonces ha sido reforzada hasta sobrepasar los 10.000 efectivos.

El mayor control militar ha estado concentrado en los últimos ocho meses, en la zona fronteriza de Esmeraldas con el departamento colombiano de Nariño, donde hubo al menos diez ataques en territorio ecuatoriano del grupo disidente de las FARC, el frente Óliver Sinisterra, señalado como autor del secuestro y posterior asesinato de tres trabajadores del diario El Comercio y otros dos civiles.

Según información proporcionada por la Policía colombiana a la ecuatoriana, fue a ese grupo ilegal armado, liderado por el ecuatoriano Walther Arizala, alias Guacho, que llegaron las armas y municiones del Ejército. Aquel tráfico es el que está en indagación en la Fiscalía.

El proceso

La incautación

Una incautación de armas y municiones en Colombia, al frente Óliver Sinisterra, permitió descubrir que el material bélico procedía de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

La colaboración

La Policía colombiana fue la que alertó a su par ecuatoriano sobre la existencia de una banda de tráfico de armas y municiones para la disidencia guerrillera en ese país.

La investigación

El soplo colombiano dio origen en una investigación policial reservada en Ecuador que salió a la luz con la detención de catorce personas y el inicio de una indagación fiscal.

Para saber

El 17 de octubre, tras allanamientos en recintos militares de cinco provincias (Guayas, Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Loja), la Fiscalía inició una indagación por el tráfico de armas y municiones hacia el frente de Guacho.

Los acusados del delito son catorce personas, siete militares activos y siete funcionarios del Ministerio de Defensa. Los militares cumplían actividades en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayaquil y Quito.