En el Ecuador se castiga con la privación de la libertad de quien fuera juzgado una vez que se haya confirmado haber cometido el delito de violencia contra la mujer, pero lamentablemente no se incluye al acusado en un programa especializado en el que reciba un tratamiento psicológico que logre sanarlo. En otras palabras: se lo recluye en un centro de privación de la libertad en el que conservará e inclusive aumentará su desorden psicológico originado por diferentes factores del entorno en el que se formó. Esto significa que al término de su condena, este ciudadano saldrá en libertad para continuar agrediendo a su pareja o a una nueva compañera de vida, con el agravante de que luego de haber permanecido aislado, sin un procedimiento médico adecuado, es muy posible que no se limite a continuar agrediendo sino que muy probablemente incrementará las ya alarmantes estadísticas de femicidio en nuestro país. Es pues menester crear un área de asesoría profesional especializada en psicología, que trabaje de la mano con la función Judicial, con la finalidad de que se logre establecer el grado de conciencia y responsabilidad del agresor, respetando sus derechos ciudadanos y adicionalmente ponerlo en tratamiento, asegurando que luego podrá ser reinsertado en la sociedad con una psiquis saludable. Mientras el Consejo de la Judicatura no fusione la asesoría psicológica a la legal, no solo serán infructuosos los intentos por reducir la violencia contra la mujer sino que veremos con horror su incremento acelerado.

Gustavo Rivadeneira Romero