Las favelas estan en guerra

El Primer Comando de la Capital dinamitó hace meses las reglas del narcotráfico en Brasil. Lo hizo a lo grande, asesinando con fusiles antiaéreos al ‘Rey de la frontera’ en el límite con Paraguay durante una espectacular emboscada que le dio las llaves del sur.

Ahora trata de imponerse en el norte, pero no hay sitio para todos los que quieren controlar el negocio de la droga en el segundo país con más consumidores de cocaína del mundo.

La ruptura entre el poderoso Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro, las dos mayores facciones del crimen organizado en Brasil, quedó clara la semana pasada con los cuerpos decapitados y desmembrados del centenar de presos asesinados en los estados de Amazonas y Roraima.

Según el diario O Estado de Sao Paulo, las otras 25 facciones que actúan en el gigante sudamericano tomaron partido por uno u otro grupo, mientras los grandes patrones nacionales reformulan el tablero en una guerra sangrienta.

Una de esas bandas es la local Familia do Norte (FDN), la tercera facción más poderosa del país, que se alió a los cariocas contra el PCC.

“El Comando Vermelho utilizaba las rutas del sur que ahora comanda el PCC y tuvo que buscar soluciones en el norte. Allí se unió con la FDN para hacer una ruta alternativa al PCC, que lo que quiere es dominar todo Brasil”, explicó a la AFP el fiscal Marcio Sergio Christino, especializado en crimen organizado.

La más influyente de las facciones brasileñas hace tiempo dejó de ser una banda de presidiarios que exigía mejoras en las hacinadas cárceles del estado paulista. Con ese objetivo nació en los años 90 y hoy tiene más de 20.000 integrantes que entendieron que su poder podía ser mucho más rentable al otro lado de las rejas.

Además del dinero del narcotráfico, la facción que dirige Marcos Willians Herbas Camacho, ‘Marcola’ -encarcelado desde 1999- también posee compañías de autobús, modestos equipos de fútbol en Sao Paulo e incluso una refinería de petróleo clandestina, según las investigaciones.

Las superpobladas y denigrantes cárceles brasileñas son, además, caldo de cultivo para estos grupos criminales.

“El PCC es una organización muy sólida, jerárquica, con reglas muy definidas y una división clara de tareas y funciones”, explicó Sergio Adorno, coordinador del Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo.

Toma panorámica de la ‘Cidade Maravilhosa’: una urbe enclavada en medio de un paisaje tropical. Un primer plano: en las intrincadas calles de sus favelas se libra una batalla por el dominio del narcotráfico.

En las décadas de 1980 y 1990 el negocio en Río estaba en manos del Comando Vermelho, la facción criminal organizada más antigua de Brasil, nacida a fines de la década de 1970. De los robos a bancos y secuestros derivó al narcotráfico, que controló durante años.

El Comando Vermelho creció aprovechando el ‘boom’ del consumo de cocaína en el país, reinvirtiendo sus ganancias y diversificándose a otros rubros como el tráfico de armas.

Pero ya no es lo que era. A diferencia del PCC paulista, el CV no es tan organizado ni tiene una vocación hegemónica, sostiene el procurador de Justicia de la fiscalía carioca, Alexander Araujo, en una entrevista con la AFP.

Más allá del asesinato del narcotraficante Jorge Rafaat, el ‘Rey de la frontera’, este fiscal considera que el origen de la actual guerra entre el PCC y el CV comenzó cuando grupos menores de Río se unieron a los paulistas facilitándoles el acceso a enclaves tan emblemáticos como la favela de Rocinha, la mayor de Brasil.

Así, el PCC se unió a los Amigos dos Amigos (ADA) o el Terceiro Comando Puro (TCP), ambos disidentes del CV.

Y lo mismo ocurrió en el sentido opuesto en otras regiones de Brasil, como la amistad del Comando Vermelho con el Primeiro Grupo Catarinense del sureño estado de Santa Catarina o la ahora famosa Familia do Norte del Amazonas.

Como parte de las redes de narcotráfico, las facciones criminales no son un problema solo de Brasil. Con 17.000 kilómetros de fronteras, en algunos trechos muy porosas, el mayor país de América Latina es un punto clave en el comercio mundial de la droga.

“El PCC consiguió ser el primer cartel brasileño de tráfico internacional, el ‘Narcosur’ como le llamamos, que envuelve Bolivia, Paraguay y Brasil”, afirmó el fiscal Christino.

Desde los grandes centros productores de cocaína -Colombia, Bolivia y Perú, todos fronterizos con Brasil- el gigante sudamericano es un enorme corredor terrestre para los envíos de droga hacia Europa, con escala en África.

El mercado brasileño de la cocaína, el mayor de la región

Brasil es el mayor mercado de cocaína de América del Sur y la prevalencia anual de consumo en la población adulta más que cuadruplica la media mundial, según el último informe sobre estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Brasil tiene una prevalencia de consumo en la población adulta de 1,75 %, mientras la media mundial es de 0,4 %, según el informe que contiene datos de 2013.

Los autores aclaran que no hay estudios recientes sobre consumo de cocaína dentro de Brasil, por lo que extrapolaron datos de encuestas a estudiantes universitarios y el resultado fue de 1,75 por ciento de la población adulta.

Por el ‘crecimiento’ brasileño, América del Sur incrementó el número de consumidores, que eran 1,84 millones en 2010 y pasaron a ser 3,34 millones en 2012, tres veces más que la media mundial, mientras en 2013 la cantidad se mantuvo estable.

El Salvador: un ejército de víctimas busca justicia

En 1992, El Salvador firmó la paz, guardó los fusiles y se lavó el rostro para el mundo; pero también fingió amnesia: la Justicia se quedó en la fosa común de sus tribunales y 25 años después un ejército de sobrevivientes y víctimas la siguen buscando.

“Las madres se están muriendo con la esperanza, con el anhelo y desesperación de saber dónde quedaron los restos de sus hijos desaparecidos”, dijo Blanca Panameño, representante del Comité de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos de El Salvador, monseñor Romero (Comadres).

Panameño, quien enterró a su abuela sin que conociera el paradero de dos de sus hijos desaparecidos durante el conflicto, aseguró que ella y su familia sufren esta “indolencia” judicial, igual que el resto de víctimas de crímenes de la guerra civil (1980-1992).

Oficialmente la guerra estalló en 1980, pero esta matanza fue uno de los principales antecedentes de la represión estatal contra civiles que llevó a parte de la población a la organización insurgente desde los años 70. Para la activista, en estas dos décadas y media de posguerra “no ha habido retroceso” en el cumplimiento de los acuerdos de justicia, porque “nunca hubo un avance”.

“No ha habido voluntad política y a 25 años de la firma”, del 16 de enero de 1992, “no hay excusa alguna para no haber, por lo menos, investigado y condenado en casos emblemáticos”, aseguró.

Entre estos figuran el magnicidio del ahora beato Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas (1989).

Para Alejandro Díaz, abogado de la ONG Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, son dos puntos los que no se cumplieron del pacto político de 1992: la superación de la impunidad y la depuración del sistema de justicia.

Por los 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y al menos 40.000 lisiados en la guerra, librada entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ningún guerrillero cumple una pena por los crímenes cometidos.

Por la Fuerza Armada, solo el coronel Guillermo Benavides, uno de los 18 acusados de la matanza de los sacerdotes jesuitas, guarda prisión preventiva mientras un tribunal decide si cumple una pena de 30 años impuesta en 1992 y que conmutó la Ley de Amnistía anulada en 2016.