Las familias sin reparaciones
Parientes de las víctimas carcelarias esperan el cumplimiento de la ayuda prometida, las autoridades tienen otro ritmo
Mirtha Preciado cuenta los días para que “el Gobierno asuma su responsabilidad”. Ella es mamá de Tayron Preciado, un preso de 26 años que falleció en la masacre del 28 de septiembre de 2021 e indica que no ha recibido “ningún tipo de ayuda” después de todos los ofrecimientos del Estado, tales como el acompañamiento psicológico, esclarecimiento de los hechos, justicia o las reparaciones integrales.
“Mi hijo falleció el 28 de septiembre y desde ahí no hemos recibido ninguna ayuda por parte del Gobierno. Ellos tuvieron que velar por la vida de los privados de libertad, todos queremos conocer qué pasó y qué se hará, pero nadie da respuesta”.
En noviembre 15, el presidente Guillermo Lasso presentó el “Acuerdo Nacional por la Crisis Carcelaria”, ese día todas las autoridades del gabinete que tenían responsabilidad con el sistema penitenciario del país elaboraron un documento que ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) encargarse de establecer los nexos o acercamientos de la sociedad civil en mesas de diálogo para el proceso de “reparación integral a las familias de las víctimas.
Dispuse la apertura de una investigación defensorial, porque hemos reiterado varias veces de los problemas existentes en el sistema
No fue hasta enero 20, cuando dicha entidad celebró la primera “mesa de diálogo institucional”, donde expusieron la situación de los centros de reclusión y quedaron a tener una próxima reunión. Pero se ahondó su crisis institucional y no se ha vuelto hablar del tema.
Abraham Aguirre, abogado del Comité de Derechos Humanos (CDH), entidad que ayuda legalmente a los familiares de los privados de libertad asesinados para acceder a lo prometido por las autoridades, enfatiza que en estos cinco meses sus defendidos no han recibido “ni siquiera una llamada de la Secretaria de Derechos Humanos” para saber del caso o qué necesitan.
Uno de los casos que lleva es el de Leonardo González, un cantante urbano que se hacía llamar Trébol, quién debía salir en libertad en junio de 2021. Aguirre denuncia que el juez de garantías penitenciarias, Édgar Ojeda Jiménez, había dilatado tanto el proceso que le dio audiencia para el 29 de septiembre, un día después de la masacre, al morir en el pabellón 5.
Desde CDH estiman que al menos 20 familias están en la misma situación de buscar por su propia cuenta que “se les haga justicia” y puedan acceder a las ayudas prometidas desde la vía legal.
Este panorama alertó a la Defensoría del Pueblo, que actualmente elabora un informe intermedio de investigación como parte del expediente que se abrió por la crisis carcelaria. Entre sus recomendaciones, dispuso la creación de una Comisión de la Verdad para determinar responsabilidades por las muertes ocurridas y que se cumpla con el pago de las mismas.
Queremos incluso que se evite demandas contra el Estado por parte de organismos internacionales. ¡Se debería sancionar ya!
Así también determinó plazos para que las entidades entreguen la información correspondiente de las ayudas entregadas a las familias. Tomando en cuenta que desde el 22 de noviembre, la Defensoría recibió a los allegados de las víctimas para que rindan su versión libre y voluntaria de lo sucedido en los centros de reclusión “de forma reservada, guardando la privacidad y confidencialidad”.
Debido a que es una investigación de carácter reservada, la Defensoría no reveló el número de familias que aún no reciben dichos beneficios ni tampoco el esclarecimiento de los hechos, no obstante, se informó que al menos los parientes de los 65 fallecidos en noviembre están a la espera de respuestas de las autoridades.
Por su parte, el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) dijo que la Secretaría de Derechos Humanos es la responsable del seguimiento a estos procesos y desde la Secretaría se señaló al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y al CPCCS.
De su lado, Esteban Bernal, titular del MIES, enfatizó que la “ayuda económica no se tiene prevista, pero ayuda psicológica sí, estamos trabajando con los entornos familiares de no solo las masacres sino de todos los privados de libertad... Nosotros no tenemos ningún bono para este tipo social”.
Bernal señala que la cartera de Estado tiene un presupuesto de $ 487.000, pero para toda la población penitenciaria nacional y que sus “ayudas” corresponde al vínculo familiar del privado de libertad. Tales como gestionar que sus hijos infantes accedan a una guardería estatal, que si sus papás son adultos mayores establezcan un contacto directo, o ayudas en temas de discapacidad, de ser el caso.
Pero, para dar el acompañamiento psicológico a largo plazo a través de una “mayor cobertura” se necesita como mínimo más de $ 1 millón y medio, pero que se espera que a partir de abril puedan llegar a los $ 800.000. Y ya en 2023 contar con más de un millón.
Defensoría del Pueblo establece plazos para la entrega de información sobre la crisis carcelaria
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Mandato legislativo
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en sesión del 17 de noviembre de 2021, el informe para la reestructuración del sistema penitenciario realizado por la mesa de Seguridad. Este documento ordenó también a las distintas funciones del Estado el pago de reparaciones integrales a las familias.
Recomendación CIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó hace dos semanas sus observaciones de la visita realizada en diciembre. La Secretaría de Derechos Humanos lo procesa.
