El Pleno de la Asamblea volvió al trabajo. Una vez concluidas las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y sin una agenda futbolística televisiva cuya interrupción constituya “un irrespeto al país”, como reclama el socialcristiano Esteban Torres, se dieron tiempo los legisladores para lo menos importante: el segundo debate y aprobación de un conjunto de reformas legales para fortalecer el sistema de seguridad pública y del Estado. Casi nada. Debieron hacerlo en la última sesión del año pasado, antes de irse de vacaciones, pero ese día había un partido del Mundial y aquí las prioridades están claras. El tema quedó para este jueves 5 de enero y a punto estuvo de postergarse 8 días más, que es lo que la mayoría de los asambleístas que tomaron la palabra pidieron para seguir discutiéndolo en la Comisión respectiva. Ramiro Narváez, asambleísta ponente a quien correspondía tomar esa decisión, no dio papaya: pidió que el proyecto de reformas se votara de una vez. Se aprobó con el apoyo de 116 asambleístas: porque no hubo más remedio.

De manera emotiva arrancó la sesión del reencuentro: con una ovación sonora (perlada de aclamaciones y aullidos juveniles del tipo “Uuuooouuu”) que los asambleístas se tributaron a sí mismos. Porque son unos campeones. Porque alguien tiene que reconocer el sacrificado trabajo que cumplen para “defender la institucionalidad”, según las felices palabras pronunciadas por el presidente Virgilio Saquicela en su afectuoso saludo de año nuevo. Y como nadie más lo hace, se encargan ellos mismos.

El proyecto de reformas aprobado contempla 152 artículos que introducen cambios en nueve cuerpos legales: la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Ley de Defensa Nacional, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Integral Penal, el Orgánico de la Función Judicial, el de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la de Servicio Público y la de Telecomunicaciones. Ramiro Narváez, el asambleísta de la Izquierda Democrática que preside la Comisión de Seguridad, fue el encargado de exponer su contenido. Habló de la ampliación del Consejo de Seguridad Pública; de la creación de un subsistema de inteligencia penitenciaria y de un registro único del delito; de las nuevas facilidades para establecer zonas de seguridad, incluyendo las prisiones; del rediseño del sistema de rehabilitación, con nuevos mecanismos para garantizar el trabajo remunerado de los presos y la separación de los delincuentes más peligrosos... Y de la creación de lo que el proyecto denomina “Consejo de Política Criminal”, en el cual Narváez ve la solución universal al problema de la falta de políticas públicas en materia de seguridad.

Las reformas, además, introducen la tipificación de nuevos delitos o el incremento de penas para delitos existentes: el reclutamiento de menores con fines delictivos se castigará con prisión de 10 a 13 años (hasta 16 en casos de sicariato o narcotráfico); el mecanismo de extorsión denominado “vacuna”, de 7 a 10 años; la intimidación de servidores públicos (jueces, por ejemplo), de 3 a 5 años... Se abre la posibilidad de presentar denuncias telemáticas con identidad reservada; se amplía de 24 a 48 horas la flagrancia en casos de persecución; se crea una base de datos biométricos para delitos sexuales; se crean nuevas obligaciones para que las empresas telefónicas colaboren con la Fiscalía...

¿Quién se opuso? Los más radicales. Joel Abad, de Pachakutik (de cuyos audios comprometedores ya no se acuerda nadie en este Pleno), dijo que las reformas abrían la puerta a “una política de represión social de impredecibles consecuencias”. Él y sus compañeros de bancada Peter Calo y Fernando Cabascango se abstuvieron. El correísmo, en cambio, pasó de agache este debate sobre la seguridad nacional, y algunos integrantes de su bloque ni siquiera se inscribieron para votar. En cuanto a Mireya Pazmiño, correísta de corazón, se abstuvo. Ella dijo haber encontrado “antimonías” entre dos artículos, aunque no explicó qué diantres significa eso. También aseguró que las políticas en temas de seguridad “generan consecuencias nefastas”. Quizá no quiso decir eso pero con ella nunca se sabe.

Como ella, varios asambleístas pidieron que el proyecto regrese a la Comisión para seguir cambiándolo. Los socialcristianos buscaban eliminar requisitos para facilitar el porte de armas, un tema que no fue recogido en el proyecto de reformas. Algunos querían que los adolescentes infractores sean juzgados como adultos. Pierina Correa pidió que esos temas relacionados con niñez y adolescencia se los den a ella. Nadie quería votar, pero Narváez no cedió. Y como lo de la fallida última sesión del año fue un papelón de proporciones épicas, el proyecto fue aprobado. Estas reformas se las debe el país a Messi.

Cantinflas dice: yo acuso

Durante cinco minutos, el socialcristiano Luis Almeida habló de cualquier cosa y su aliada Marcela Holguín, que presidía la sesión, lo dejó hacer. En un discurso sinuoso que omitía sistemáticamente el sujeto de todas las oraciones (razón por la cual no se le entendió absolutamente nada) acusó de no se sabe qué a no se sabe quién. Por ahí aparecieron 22 millones de no se sabe dónde. Y Hernán Ulloa, que hizo quién sabe qué.