Desde la nueva constituyente se han aprobado en la Asamblea Nacional apenas nueve leyes relacionadas a la seguridad, y aún queda pendiente la aprobación de otros 11 proyectos de ley que se agrupan en tres normativas: en la Ley del Sistema de Gestión de Riesgos (que agrupa cinco proyectos), en la Ley de Ciberseguridad (que aglutina tres proyectos más) y en la Ley de Seguridad Privada (que se compone por otros tres). Estos reposan en la Comisión de Seguridad.

En junio de este año se aprobó la Ley Orgánica sobre el Uso Progresivo de la Fuerza; y, el 27 de octubre, la  Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Este último domingo, el pleno de la Asamblea Nacional fue convocado para las 13:50 con el fin de tratar en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, pero no fue posible por falta de cuórum, ante la ausencia de 56 de los 137 legisladores.

Libia Rivas, experta en Derecho Parlamentario y exsecretaria del Legislativo, señala que los asambleístas están obligados a asistir a las sesiones del pleno como parte de sus deberes y obligaciones, luego de ser convocados por el presidente del organismo. “De hecho, cuando un legislador falta, las únicas causales de excusas son licencia por enfermedad o por ser parte de una delegación nacional o internacional”, apunta.

El cuerpo legal que se iba a debatir el domingo pasado planteaba cambios al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, a la Ley de Defensa Nacional, a la Ley de Extinción de Dominio, al Código de la Niñez y Adolescencia, al Código Orgánico de la Función Judicial, a la Ley del Servicio Público, a la Ley de Telecomunicaciones y finalmente a una disposición transitoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

“No hay una Asamblea comprometida con las causas nacionales. Muestra el desmembramiento del país, una desinstitucionalización. Nos entretienen con sus shows de pugnas internas que están muy lejos de la agenda ciudadana”, expone el penalista Joan Paúl Egred.

Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, también enfatiza en que el tema es más político que administrativo y, por ende, sus plazos y sus tiempos no son exactos y que operan    de forma discrecional. Es decir, que si los legisladores consideran que no es el momento de tratar la reforma, es parte de su principio de su representación política “pero como ciudadanos es obvio y lógico que deberían tratar urgentemente estos temas”.