Explosivos en Sarayaku: deuda pendiente de Ecuador con la Amazonía
Se sigue a la espera de que sean retirados conforme ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012
En mitad de la selva amazónica de Ecuador persisten todavía más de 1.400 kilos de explosivos enterrados en la comunidad indígena de Sarayaku, que sigue a la espera de que sean retirados conforme ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2012 en una histórica sentencia contra las concesiones petroleras en esta zona.
Cuando van a cumplirse pronto quince años de la sentencia de la Corte IDH, el Estado ecuatoriano no ha cumplido al menos dos de los puntos obligatorios del escrito judicial.
Ni siquiera la sentencia emitida en diciembre de 2023 por la Corte Constitucional, que obliga al Estado a cumplir con las disposiciones del tribunal internacional en un plazo de un año, dio resultados: los explosivos continúan bajo el suelo de Sarayaku, un poblado kichwa a orillas del río Bobonaza, en la amazónica provincia de Pastaza.
Tampoco hay rastro de la ley de consulta previa, libre e informada que debe promulgarse a raíz del caso Sarayaku para regular este derecho de los pueblos indígenas ante intervenciones en sus territorios. Sarayaku tiene una población de 1.500 personas repartidas en 144.000 hectáreas de su territorio ancestral.
"El Estado debe cumplir"
"El Estado en algún momento debe de cumplir porque nosotros no vamos a soltar esas sentencias", reseñó a EFE Patricia Gualinga, una de las principales voces de la lucha antipetrolera de Sarayaku.
La mujer, recientemente incluida en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas 2026-208, recuerda la primera vez que escuchó oír hablar del proyecto petrolero: "Dijeron, 'Sarayaku es solo un lunar en la selva'; 'será un lunar canceroso', les respondí yo".
Gualinga tuvo razón: la empresa argentina CGC (Compañía General de Combustibles) no tuvo forma de explorar los recursos petroleros bajo el suelo de esta localidad ancestral.
Indemnización y disculpas "a medias"
Tras más de 30 años de lucha, la CIDH emitió una sentencia a favor de Sarayaku en 2012. En ella se dispuso el pago de una indemnización, el retiro del explosivo pentolita, el "derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas", la creación de normas para poner en marcha la consulta previa, los cursos de capacitación de derechos colectivos para militares y un acto público de reconocimiento, entre otros.
De dichos puntos, "las disculpas públicas se cumplieron a medias", pero sí se abonó la "indemnización", explicó a EFE Samaï Gualinga, vicepresidenta de Sarayaku, mientras sujetaba su bastón de mando en la mano.
Respecto al resto de cuestiones, "ya va un año y medio, casi dos (de la sentencia de la Corte Constitucional) y no ha habido si quiera un acercamiento real por parte del Estado para ponerla en marcha", declaró Cristina Melo, abogada de la Fundación Pachamama e hija de Mario Melo, el letrado que llevó el caso de Sarayaku.
Intentos fallidos
Lo cierto es que el Estado ecuatoriano sí trató de avanzar hacia la regulación de una consulta previa, como obligaba el alto tribunal, pero nunca llegó a materializarse. Para Melo, estas acciones fueron "violatorias de derechos" y "motivo para seguir despojando a la gente de su territorio, expandiendo fronteras extractivas en sectores ecológicos muy frágiles".
La victoria judicial de Sarayaku supuso una fuente de inspiración para otras comunidades, pero no siempre fue así.
"Decían que éramos guerrilleros y terroristas", explicó Noemí Gualinga, hermana de Patricia, minutos después de colocarse huito sobre el cabello, una fruta de origen amazónico que utilizan para teñir el pelo y pintarse la cara.
"Los pueblos vecinos no se solidarizaron. Nos cerraron las puertas río arriba y río abajo. Cuando vieron que ganaron, se dieron cuenta, regresamos a la amistad de antes y se unieron en la lucha de cuidar su territorio", finalizó la mujer.
