El destape de los misterios relacionados con la corrupción, hasta hace poco muy bien guardados, nos muestra una realidad de ilimitados escándalos, confrontaciones feroces y venganzas indoblegables. La decisión del presidente Moreno, anunciada en su discurso de posesión, de emprender una acción decidida, tuvo resultados inmediatos. Así, ni el pronunciamiento del bloque legislativo de Alianza PAIS oponiéndose a que se difunda la lista de los implicados por los sobornos de Odebrecht, ni las supuestas negociaciones de las autoridades ecuatorianas con las brasileñas a fin de que aquella se mantenga en reserva mientras duren las investigaciones, impidieron que explotara tamaño acontecimiento. A estas alturas, la situación ha tomado cuerpo, ha rebasado los referentes institucionales y ha cruzado las fronteras. Ya no es solo un problema nacional, si vemos que en otros países como Colombia, Perú, República Dominicana, y por supuesto Brasil, han sido perseguidos y aprehendidos personajes de alta posición burocrática y notorio protagonismo político.

En estas circunstancias, el fenómeno al interior del país, con toda seguridad, cobrará ilimitadas dimensiones y dará lugar a un escenario con multiplicidad de nombres y detalles. Ya no solo desfilarán personas relacionadas familiarmente con altos funcionarios del Estado, hasta ahora conocidos, sino que lo harán probablemente empleados de los registros de la “revolución ciudadana”, admiradores y amigos de los hombres del poder.

Los ojos de la opinión pública están atentos, en calidad de incansables supervisores, de cómo funcionen los procesos, cómo actúen las autoridades de control y cómo se desempeñen los jueces. Ya no se trata solo de la gestión de estos que, pese a enmarcarse en la normatividad legal y constitucional, puede alargarse y complicarse dudosamente, sino de los resultados, rápidos y efectivos, para señalar responsables, explicar nexos y aplicar sanciones.

Estamos pendientes de que se cumpla el señalamiento presidencial. ¡Que caiga todo el que debe caer!