La intervención a la Universidad de Guayaquil llega con ofrecimientos por parte del Gobierno. El anuncio lo realizó el titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación encargado (Senescyt) Adrián Bonilla, un día después de la decisión del Consejo de Educación Superior (CES) de intervenir a la institución educativa por los hechos de violencia que se registraron la semana pasada.

La primera medida, y que será anunciada por la comisión interventora mañana en Guayaquil con más detalle, es el inicio de un proceso que culmine con la devolución del Hospital Universitario a la institución educativa. Al momento, la gestión de la casa de salud se encuentra en manos del Ministerio de Salud.

“Lo que se quiere es hacer del Hospital Universitario un centro de descongestión, un centro de excelencia, un centro de investigación y un centro de capacitación docente para fortalecer las carreras de ciencias de la salud en la Universidad de Guayaquil”, afirmó.

El segundo ofrecimiento es el compromiso de la Presidencia de la República con la institución de educación superior, para que de forma gradual, a lo largo de este y del próximo año se entregue una cantidad importante de recursos para restaurar los laboratorios de investigación científica de toda la universidad.

“Los detalles de estas decisiones, sobre el hospital serán dados el jueves 18 de octubre, y lo otro se está construyendo con el Ministerio de Finanzas, también con el Ministerio de Salud, un plan que podremos, en los próximos días, poner en conocimiento de la ciudadanía”, aseveró Bonilla.

Además, Bonilla junto a la presidenta del CES, Catalina Vélez, justificaron la decisión del organismo de control de educación superior de intervenir a la Universidad de Guayaquil. Afirmaron que por dos ocasiones se pidió a quienes estaban al frente de la institución educativa que apliquen la normativa legal y reglamentaria y se dé una salida a la crisis que se había generado al interior de la universidad, que derivaron en actos de violencia.

Recordaron que la normativa vigente determina que las intervenciones sirven para corregir situaciones de violencia. “En la Universidad de Guayaquil hubo incidentes la semana pasada y en estos momentos hay una dotación policial, y un centro de estudios que requiera una dotación policial para que trabaje normalmente, revela que no hay las condiciones de paz, sino de violencia latente”, aseveró el titular de la Senescyt.

En tanto, la presidenta del CES, Catalina Vélez, explicó que durante la intervención, que durará 90 días, los miembros de la comisión interventora están autorizados para cumplir con todas las funciones administrativas que correspondan, tanto del rectorado como del Consejo Universitario.

“Esta intervención busca garantizar el derecho a la educación superior, el normal funcionamiento de la universidad, mantener la continuidad de sus procesos, asegurar y preservar la calidad y gestión y precautelar el patrimonio institucional que se han visto afectados en estos días”, aseveró.

Además, precisó que dentro de este tiempo se deberá convocar a un proceso de elecciones “transparente” para elegir al rector de la universidad. Recalcó que el proceso de elección se cumplirá con observación y seguimiento de organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y de otras instituciones que garanticen un proceso sin complicaciones y que reflejen la decisión de la comunidad universitaria.

Comunidad universitaria

Rechazo a la intervención, pero la acatarán

Estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de Guayaquil rechazaron la decisión del Consejo de Educación Superior (CES) de designar una comisión interventora para resolver la pugna por el rectorado de la institución que llevaba más de dos semanas.

José Valdivieso, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) Guayas, calificó este hecho como una agresión a la autonomía de la alma mater. “No estamos de acuerdo con esta intromisión, pero respetaremos las acciones que tome la comisión para llevar adelante a la universidad”, dijo.

Camilo Morán indicó que la intervención a la Universidad de Guayaquil es una agresión a su legado histórico, imagen y a su propia vida institucional. “Por qué no exigieron que se respete los estamentos universitario y lo que dice el estatuto. Aquí se ha violentado de manera tácita las propias leyes que ellos mismos aprobaron”, explicó, al insistir que a Gulnara Borja, vicerrectora académica, le tocaba la subrogación inmediata, luego de la destitución del rector Galo Salcedo.

Nataly Marzo, asesora del rectorado, responsabilizó a la Contraloría General de crear un ambiente tenso dentro la universidad y anotó estar pendiente de lo que diga la comisión interventora.

El resguardo policial se mantiene

Una veintena de policías continúa resguardando el edificio administrativo de la Universidad de Guayaquil, donde funciona el rectorado, que hasta ayer seguía en manos de Gulnara Borja, vicerrectora de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado.

El 2 de octubre pasado ella se presentó como el reemplazo -por subrogación directa- de Galo Salcedo, quien fue destituido tras un informe de Contraloría que señala irregularidades en la entrega de 28 títulos en la Facultad de Jurisprudencia.

Colaboradores de Salcedo mantienen su centro de operación en la Facultad de Administración. Ellos aseguran que no se les permite el ingreso al edificio. El ambiente es tenso en la entidad. MTM